LA POLÍTICA DE CARNES EN LOS AÑOS 30

En 1930 comenzó la que el Periodista tucumano y militante nacionalista JOSÉ LUIS TORRES (1901-1965) llamara “la década infame” para referirse a la corrupción y los negociados que sacudieron a la opinión pública en esa época y cuyos principales exponentes fueron  la firma del Pacto “Roca-Runciman” y sus consecuencias, la creación de las Juntas reguladoras y del Instituto Movilizador, la creación del Banco Central y de la Corporación de Transportes y las concesiones eléctricas otorgadas a la Chade-Cade y a la Ciade.

La crísis de 1829, con la caída de Wall Street, afectó a todo el sistema económico mundial y el proteccionismo practicado por las grandes potencias a raiz de la profunda depresión que se produjo,  alteró el  flujo de comercio al mismo tiempo que disminuyeron en forma notable las inversiones. Argentina, que  tenía como base fundamental de su economía, un modelo agroexportador  montado sobre las riquezas  de sus tierras ubicadas en la zona pampeana, el incremento  de la demanda internacional de los productos agropecuarios y el ingreso de capital extranjero predominantemente de Gran Bretaña, modelo, que la había conducido a un crecimiento irreal en aquellos años, se sumó rápidamente a esa crisis llamada “crac del 29”.

Como la situación mundial afectó también muy duramente a Inglaterra, amenazando con desmoronar sus dominios y Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia e Irlanda le exigieron un trato preferencial a sus productos, los ingleses crearon la Comunidad Británica de Naciones (British Commonwealth of Nations), que dio lugar a la Conferencia de Ottawa, se  estableció que sus dominios serian el principal abastecedor de Inglaterra, y se fijaron los acuerdos cuyos cuatros puntos esenciales eran: 1º. Se desarrollará un mayor intercambio comercial dentro de las fronteras del Commonwealth, 2ª. Habrá derechos prohibitivos para los productos extranjeros manufacturados, 3º. El Reino Unido  adquirirá preferentemente la carne y el trigo en sus dominios, 4º. Los dominios protegerán su producción local con trabas razonables a la competencia de la metrópoli.

Con estos acuerdos, Gran Bretaña presionó a la Argentina amenazando con no comprarle más carne ni trigo, sin que la clase dirigente reparara en que Inglaterra no,  podía cumplir con sus imposiciones, debido a que Argentina era su principal abastecedor. El “chilled” (carne enfriada) era la preferida del paladar inglés y se podía conservar hasta no más de 35 días. Canadá y Sudáfrica no la producían, y Australia y Nueva Zelandia sólo podían vender carne congelada, ya  que para transportarla,  tardaban más de 40 días, lo que evidentemente le hacía perder sus cualidades.

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El 1º de mayo de 1933, durante la presidencia de AGUSTÍN PEDRO JUSTO el Vicepresidente argentino JULIO A. ROCA (h) y el Ministro de Comercio la corona británica, WALTER RUNCIMAN, en representación de sus respectivos países, firman el llamado “Tratado Roca-Runcimán”. por el que se establece entre otras cosas, que el Reino Unido reconocía la importancia de la carne enfriada en la economía argentina y garantizaba evitar restricciones en las importaciones de este tipo de carne. Inglaterra obtenía la totalidad del cambio proveniente de las compras británicas, evitando un eventual bloqueo de sus ganancias. Por su parte, el gobierno argentino abandonaría la política de reducción de las tarifas ferroviarias y daría protección a los intereses de las empresas británicas, derogando a la vez, el Decreto que gravaba las importaciones desde Gran Bretaña , de una gama de productos que abarcaba dedes el whisky, vidrios, pinturas, motocicletas y dulces, hasta el carbón, combusttible y materiales para los ferrocarriles.

El Tratado fue impugnado y se produjeron renovadas interpelaciones en el Congreso Nacional, durante las cuales se llegó al escándalo y hasta al asesinato político. El debate sobre la industria de la carne terminó cuando se produjo la muerte del senador ENZO BORDABEHERE, víctima de un atentado que tuvo lugar en el mismo recinto parlamentario, un episodio que promovió una investigación pedida por el senador de Santa Fe, Doctor LISANDRO DE LA TORRE, quien denunció la existencia de un monopolio frigorífico explotador de los productores de carne, que resultó finalmente ser una prueba concreta de que el verdadero poder político del manejo en el comercio de las carnes, era ejercido por los sectores ganaderos, en estrecha vinculación con las empresas extranjeras.

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