Autor: Horacio 25/07/2026 0 Comentarios

Entre 1820 y 1885, la Patagonia Argentina fue el escenario de una lucha librada por efectivos gubernamentales con los aborígenes que habitaban en esos territorios y hoy, los argentinos lloramos cómo se llevó a cabo esa tarea y el lamentable costo que tuvo nuestra decisión de integrar a la soberanía nacional esas comarcas.

“Otra victoria como esta y estaremos perdidos». Es lo que dijo Pirro, rey de Grecia, luego de derrotar a las legiones romanas en la batalla de Ásculo en el año 279 a.C. y es lo que deberíamos decir los argentinos, 2.305 años después de lograr el control de la Patagonia, a costa del sacrificio de sus pueblos originarios.

A quien lea esto, le será difícil comprender por qué nos atrevemos a relacionar ambos acontecimientos, tan dramático uno como el otro, separados por tantos años y con fundamentos tan opuestos. Pero estamos seguros que al leer nuestra respuesta a por qué lo hicimos, coincidirá con nosotros y llegará a nuestras mismas conclusiones. Resumiremos primero en una breve lista de incongruencias y desatinos que pueden vincularse con este hecho de nuestra Historia, para justificar luego el calificativo que le adjudicamos y desarrollar finalmente nuestra hipótesis.

Comenzaremos diciendo que la Patagonia no era un desierto. Se ha registrado la presencia de seres humanos en esos territorios desde hace aproximadamente entre 13.000 y 17.000 años. Fueron bandas nómadas de cazadores-recolectores provenientes del norte del continente americano (cuyo origen genético remoto se traza en Asia). Con los milenios, estos grupos pioneros evolucionaron y se diferenciaron en las diversas comunidades indígenas históricas de la región y a comienzos del siglo XIX, aunque el Estado Argentino no realizó mediciones directas sobre la región hasta las últimas dos décadas de ese siglo, se estima que su población era de entre 25.000 y 35.000 habitantes que fueron conocidos como “patagónicos (puelches, yamanáes, patagones, pehuenches, selkman y tehuelches).

Opinamos que las “campañas al desierto” no fueron una “conquista”, porque la Patagonia formaba parte de los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata que heredamos luego de romper el vínculo que nos unía a la corona de España en 1810 por lo que era nuestro derecho poblarla, según dictamen de auténticas autoridades y estudiosos del tema (ver Las Campañas al Desierto).

Y si bien hubo excesiva violencia e innecesaria crueldad por parte de las fuerzas gubernamentales (1) y muchos que se beneficiaron en y por esta situación, tampoco fue un “genocidio” (2), porque no se buscaba el extermino total de toda una etnia originaria, sino combatir solamente con quienes se oponían con violencia extrema, al ejercicio de nuestro derecho y al avance de la civilización.

Tampoco, lo que se vio después fue lo que se expuso como razón que impulsara la ocupación de los territorios al sur de Buenos Aires: el repetido argumento que así se podría realizar el reparto de las tierras redimidas entre colonos que desarrollarían en ellas una intensa y productiva actividad agropecuaria, se cumplió muy minimamente. Aparecieron los latifundistas reclamando tierras por las cuales no habían luchado, los especuladores que compraron a precio vil, miles de hectáreas a soldados que las habían recibido en pago por su participación en las campañas realizadas y finalmente, “los amigos del poder” que simplemente por serlo, recibieron grandes extensiones para que pudieran negociarlas, en pago de su militancia (3).

Finalmente diremos que lo que si fue cierto, es que frente a estas familias aborígenes, se alzó la figura del hombre blanco. Primero, los que desde España llegaron a América para conquistar estos nuevos territorios que se abrían ubérrimos y llenos de riquezas para satisfacer su codicia y sus ansias de poder y dominio, reemplazados luego por el gaucho, que vio en estas tierras, la posibilidad de labrarse un porvenir y que quiso poseerla, porque se le dijo que era suya, que esta era su patria y que era su derecho afincarse en ella, laborarla y extraer de ella su sustento y el de su familia.

Y así lo hizo, sin pensar que detrás de ese horizonte que veía prometedor, estaban quienes habían nacido en ella. Quienes por siglos y siglos la habían recorrido libres y felices. Con sus hijos, sus costumbres y sus miedos. Hubo entonces dos dueños en estas tierras. Mejor dicho, dos mundos que se consideraron dueños absolutos de un bien. Y como esto no era así, vino lo que vino. Feroces combates, intentos de paz frustrados, traiciones y engaños hicieron que durante 65 años ardiera la Patagonia. Muchos hombres (de uno y otro bando) murieron, muchas mujeres terminaron sus vidas como cautivas.

Crueldades de ambos bandos. Incomprensión, engaños, violencia, dolor, mucho dolor y un final que no mereció nadie. Porque unos fueron borrados de la tierra y otros, quedaron triunfantes sobre ella, pero a qué precio señor !!!. Aún hoy, pasados ya muchos años, la historia argentina aún está manchada con la sangre de quienes murieron en ella por defender “sus derechos” y aún se piensa que podría haber habido otra solución, para dirimir esas diferencias de opinión.

Consecuencias
De acuerdo con los informes del propio Ministerio de Guerra y Marina de la Nación de aquellos años, las memorias militares y los análisis de historiadores como Felipe Pigna en “El Historiador”, los números que se deben manejar cuando nos referimos a este acontecimiento nos dicen que:

Se calcula que las distintas parcialidades (tehuelches, ranqueles y grupos araucanizados) que habitaban en la Patagonia cuando se inició el siglo XIX, sumaban en conjunto entre 20.000 y 30.000 individuos en toda la inmensidad de la región pampeana y norpatagónica y no todos eran combatientes activos durante la llamada “Conquista del Desierto”. Historiadores y documentos de la época estiman que las fuerzas de resistencia indígena estaban compuestas por aproximadamente 2.000 a 3.000 guerreros armados en los momentos de mayor movilización (aunque hay versiones que en realidad fueron entre 5.000 y 6.000).

Se sabe también, que luego de la expansión sobre la Patagonia a finales del siglo XIX, la población total de los pueblos originarios e invasores, mapuches, tehuelches y ranqueles rondaba ahora, entre las 15.000 y 20.000 personas y que 8.000 familias originarias continuaron habitando de forma dispersa las regiones del sur, bajo el nuevo control civil y militar del Estado.

No hay registros serios que mensuren el total de muertos en combate. Solamente se sabe que ROSAS, en un parte oficial que envió al gobierno luego de finalizada su campaña en 1834, dice que hubo 3.200 aborígenes muertos y 1.200 prisioneros y que por su parte, sus bajas “rondaron los cientos, mayormente por enfermedades, deshidratación y escaramuzas”. Se sabe también que en la campaña organizada por ROCA, entre 1.300 y 2.500 nativos murieron de forma directa en los combates. De las campañas de RODRÍGUEZ, MITRE y ALSINA sólo hay relatos que hablan de “numerosas bajas”, sin especificar el número de víctimas fatales

Sumando entonces los pocos datos que se tienen, puede apreciarse que mientras las fuerzas gubernamentales tuvieron cerca de 6.000 bajas (entre muertos en combate o debido a enfermedades como cólera y viruela, accidentes y el extremo rigor climático de la zona de operaciones), el total de aborígenes muertos en combate durante las cinco campañas realizadas al desierto, fueron entre 10.000 y 12.000, debiéndose sumar a estos, los fallecidos posteriormente, debido a una alta mortandad causada por las enfermedades, la desnutrición y las duras condiciones de traslado y reclusión a las que fueron sometidos (4). Una realidad que duele y asusta, más todavía, si recordamos que la supervivencia inicial no garantizó la continuidad física ni cultural de las comunidades, ya que la gran mayoría de los capturados sufrió un proceso sistemático de desarticulación. Miles de prisioneros fueron trasladados a pie y encadenados hacia centros de detención temporal, como el de Valcheta en Río Negro, o confinados en la isla Martín García para su posterior distribución

Para evitar que tuvieran descendencia y disolver su identidad, se separó a los hombres de las mujeres. Las mujeres y los niños fueron enviados mayormente a Buenos Aires y Mendoza para ser repartidos como personal doméstico en casas de familias de la élite y los hombres sobrevivientes aptos para el trabajo, fueron trasladados a las provincias del norte (como Tucumán y el Chaco) para trabajar en condiciones extremas en los ingenios azucareros y obrajes madereros, donde muchos murieron debido al maltrato y las enfermedades.

Una pequeña minoría de sobrevivientes de alto rango, como el cacique INACAYAL (segundo del gran SAYHUEQUE) y su familia, terminaron viviendo bajo un régimen de confinamiento y servidumbre en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde eran exhibidos vivos y estudiados como piezas de laboratorio.

El Segundo Censo Nacional de Argentina en 1895 reflejó el impacto demográfico de estas campañas. En dicho registro, se estimó una población de apenas 30.000 indígenas habitando en todo el territorio nacional, una reducción drástica en comparación con las estimaciones previas al avance del Estado en la Patagonia y el Chaco Boreal.

Final del drama
Es evidente que tanto las cifras como los acontecimientos que desde entonces se manejan acerca de esta aciaga época de nuestra historia, son magnificados o retaceados según sea la militancia de quien los expone, pero es evidente también, que el resultado de este proceso de ocupación militar y territorial, es aterrador: miles de muertos y heridos, establecimientos rurales, tolderías y pueblos enteros arrasados; infinitos actos de crueldad, familias desintegradas, hombres desarraigados y cientos de mujeres arrancadas de sus hogares para vivir el resto de sus vidas como cautivas. Será que todo esto fue el precio que se tuvo que pagar para ocupar la Patagonia?.

Nosotros no sabemos la respuesta, ni aceptamos que haya sido un genocidio, pero en medio de tanta violencia y tanto dolor, para honrar la memoria de quienes, en uno u otro bando perdieron la vida y sus posesiones luchando en defensa de lo que creían, nos sentimos obligados a rescatar lo que podría considerarse como el lado bueno de este aquelarre: los intentos para acordar la paz en primer lugar, porque ellos muestran que no siempre y no todos los protagonistas de esta historia pensaban que en las armas estaba la solución del problema que los enfrentaba (5); segundo, la fundación de nuevos pueblos y ciudades en estos territorios (6) y finalmente, el  haber logrado la pacificación de una inmensa zona sujeta durante largo tiempo a la violencia y la incorporación de 15.000 leguas cuadradas a la producción agrícola-ganadera, mientras se afirmaba la soberanía nacional sobre la Patagonia, en momentos en que existía un grave conflicto limítrofe con Chile en esa zona.

Y antes de terminar una última reflexión. Se estima que a principios del siglo XIX, en el territorio que hoy ocupa la República Argentina había entre 300.000 y 400.000 aborígenes (aunque hay autores que hablan de 150.000 a 200.000) y sabemos que el supuesto “genocidio” tuvo por escenario (sin olvidarnos desde luego, de la campaña ordenada por DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO en 1870 (7) “con el fin de asegurar los derechos soberanos de la República Argentina en el Chaco Austral), solamente los territorios ocupados por las tribus de “los pampas” y de éstos, exclusivamente los ranqueles, tehuelches septentrionales (puelches) y los mapuches (que obviamente no eran originarios de esas tierras, pero que a partir del siglo XVIII cruzaron la Cordillera de Los Andes buscando la riqueza y el bienestar que no podían encontrar en Chile), se opusieron violentamente a la llegada del invasor (8).

Defendían las tierras heredadas de sus ancestros que habían sido su hogar durante siglos y no podían comprender ni aceptar, que era hora de compartirlas con otra gente, otra cultura, otra forma de vida, además de que era mucho lo que perderían: las riquezas que aquí había, pero por sobre todo, su libertad y fue lógico y perfectamente entendible que así lo hicieran. Lo que no fue lógico, fue que lo hicieran por medio de la violencia extrema que comenzó a mediados del siglo XIX, con la llegada de los araucanos. Recordemos que las primitivas y crueles “reducciones” impuestas por la conquista española, reemplazadas luego por la “misiones jesuíticas”, fue un sistema que solamente pudo ser aplicado con las tribus de origen guaranítico, porque éstas fueron las únicas nativas del centro litoraleño que aceptaron la realidad, más bien resignadas que de buena gana y nunca apelando a la violencia para resistir. Como tampoco lo hicieron la inmensa mayoría de los “originarios” que integraban las 15 o 20 macroetnias que habitaban estas tierras (ver Pueblos aborígenes de la Argentina).

Lo que había sido una convivencia casi normal entre vecinos que se respetaban, aunque con intereses enfrentados y muchas veces recurriendo a las armas para lograr sus objetivos, en los territorios ubicados al sur de la provincia de Buenos Aires, la situación se desmandó a partir de 1819 y por primera vez, el gobernador de Buenos Aires, el Coronel MARTÍN RODRÍGUEZ comenzó una campaña ofensiva que jamás tuvo la intención de que fuera un genocidio. Salió a defender la posesión de los territorios que gobernaba, sin pensar en llevar a cabo un genocidio. Lo mismo que hicieron luego Rosas, Obligado, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Alsina, o de quienes se jugaron la vida como el Coronel Nicolás Levalle, el Coronel Eduardo Racedo, el Teniente Coronel Napoleón Uriburu, el Coronel Hilario Lagos, el General Lorenzo Vintter, el General Ángel Pacheco, el Coronel Rafael Hortiguera y el General Conrado Villegas por ejemplo, ordenando las campañas unos o combatiendo a los aborígenes otros, tratando todos, de lograr los objetivos que las fundamentaron.

Nadie jamás pensó cometer un genocidio. Simplemente lucharon y pusieron sus vidas al servicio de un objetivo, que lamentablemente vulneraba los auténticos derechos de un tercero y equivocadamente recurrieron a la misma violencia con la que se enfrentaban, aunque felizmente, es evidente, que la inmensa mayoría de nuestros originarios aceptó el cambio que se les proponía y sin bien fueron muy injusta y cruelmente tratados en muchos casos por quienes se los traían, con ellos no hubo lucha, no hubo sangre y poco a poco se fueron adaptando a su nueva situación y pronto convivieron pacíficamente con el “huinca invasor”.

El acto final de este drama, tuvo lugar el 1° de enero de 1885, fecha en la que, el último grupo rebelde de más de 3.000 “lanzas”, bajo el mando de los caciques INACAYAL y FOYEL, con su cacique SAYHUEQUE a la cabeza, se rindieron al teniente coronel MARCIAL NADAL en el Fuerte «Junín de los Andes». Atrás quedaban miles de cadáveres insepultos, familias desintegradas y hombres desarraigados, una cultura agraviada y la tierra tinta en sangre. No hay nada que compense tanto dolor. Ni la política, ni la acción de las armas ni la codicia o la búsqueda de poder de los hombres, pueden hacerlo

Hemos deseado ser muy ecuánimes en la consideración de los hechos producidos durante las “Campañas al Desierto”, para producir este informe y para ello, recurrimos a una gran cantidad de libros, recortes periodísticos, ensayos y páginas web y realizamos infinidad de consultas que Google nos respondió por medio de la IA y no ponemos las fuentes consultadas aquí, porque su extensión duplicaría la del presente. Esperamos que nos perdonen quienes sientan usurpados sus derechos autorales, porque nuestra intención no fue lucrar con los méritos ajenos, sino tratar de descubrir la verdad, tarea que me imagino, también estimuló a todos ellos para escribir lo que escribieron.

(1). “El general Victorica no andaba con rodeos al explicar que la estrategia que adoptará será “Privarlos del recurso de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultarles la caza de la forma en que lo hacen y que esperaba que solo el anuncio de su presencia, indujera a los dispersos a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones o a los obrajes donde ya existen muchos de ellos disfrutando de los beneficios de la civilización. No dudo que estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera, como lo hacen algunos de ellos en las haciendas de Salta y Jujuy” (Felipe Pigna, en “La Conquista del Desierto”).

(2). Si nos atenemos a la definición de esta palabra que trae el “Diccionario de la Lengua” de la Real Academia Española (RAE), un genocidio, es el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”, no podemos comprender la insistencia de calificar así a estos eventos y de genocidas a los hombres que los protagonizaron, especialmente a Roca.

Antes de seguir argumentando al respecto, deseo recordar que la Ley 215, sancionada por el Congreso argentino el 13 de agosto de 1867 y promulgada el 23 de agosto de ese mismo año, fue una legislación clave para la expansión territorial del Estado, autorizando al Ejército a establecer la nueva frontera nacional en la margen norte del río Negro y el río Neuquén. Disponía que el Ejército Nacional ocupara la ribera del río Neuquén desde su nacimiento en la cordillera hasta su confluencia con el río Negro, extendiendo la línea de frontera de mar a mar. El artículo 2 establecía que a las tribus nómades (pampas, ranqueles, mapuches y tehuelches) que habitaban en el territorio hasta entonces considerado de frontera, se les concedería lo necesario para su existencia «fija y pacífica». La extensión y los límites de estas nuevas tierras serían determinados por convenios entre el Poder Ejecutivo y las tribus que se sometieran voluntariamente. Debido a la Guerra del Paraguay y a conflictos internos, la ley no se aplicó inmediatamente. Fue recién el 14 de agosto de 1878 cuando el presidente Nicolás Avellaneda envió un proyecto al Congreso para reactivar y ejecutar formalmente esta normativa y así, las “Campañas al Desierto” tuvieron el marco legal y financiero para la comandada por Julio Argentino Roca, buscando hacer efectiva la ocupación de la Patagonia y modificar drásticamente el mapa demográfico del país.

Es que alguien honestamente piensa que el Coronel Rodríguez, Balcarce, Rosas, Obligado, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Alsina y Roca, ordenando o cumpliendo órdenes, tenían la intención de “exterminar o eliminar sistemáticamente a los aborígenes que poblaban la Patagonia?. No señor ¡!!. Es una idea descabellada que como tantos otros relatos, han emponzoñado la memoria de los argentinos, con un virus que no terminamos de eliminar de nuestra idiosincrasia: la demagogia, que parafraseando lo que se dice de ella, es la actitud de quienes, apelan a las emociones, los prejuicios, los miedos y los deseos de la gente, para ganar prestigio o valorizarse, ubicándose como los defensores de los débiles y desamparados, prefiriendo sumarse a quienes son mayoría en lugar de tratar de luchar por lo que verdaderamente piensan y saben, porque no hay solamente una verdad absoluta; la única y absoluta verdad, es la realidad.

Y la realidad está expuesta por los hechos que hemos relatado. Nadie jamás pensó “exterminar” a los aborígenes, hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Lo que quisieron hacer aquellos hombres, era ocupar un lugar que ahora les pertenecía. Ésta era su patria, sus tierras, su futuro y trataron por todos los medios de que su presencia fuera admitida y aceptada, pero como no fue así, lamentablemente (y aquí si que se equivocaron), recurrieron a la violencia.

Y una vez que llega la violencia, nada ni nadie la puede parar hasta que se agota el impulso demente que la genera. En la guerra no hay piedad, no hay respeto por la vida ajena, no hay buenas maneras ni nobleza. Es sucia, malvada, siniestra y saca a flote lo peor del ser humano. La necesidad de sobrevivir hace que los hombres en un campo de combate, solo piensen en matar a quien se le enfrenta como un enemigo. El soldado pelea por su vida y no se le puede pedir que lo haga con cuidado, ni con respeto a los Derechos Humanos, solo nos queda castigarlo si no lo hace.

Qué esperan los críticos que hicieran aquellos hombres que mandaron a luchar y lucharon para poder vivir en paz en las tierras que la ley les decía que eran suyas. Aceptar que 20.000 seres humanos les cierren las puertas y les impidan ingresar?. Esperan acaso que debían haberlos dejado en paz, limitándose a vivir al norte del río Salado, dejándoles a ellos el resto de la Patagonia, para que siguieran viviendo la vida que estaban viviendo: libres sí, como el viento, dueños del ganado y los caballos que encontraban a su disposición, adorando a sus Dioses y maloqueando cuando algún desaforado, alentada su codicia por la riqueza que veía en algún poblado, lo atacaba y le robaba hasta las mujeres.

Muy romántica, noble y humana la imagen, pero nada real. Seguirían siendo un anacrónico grupo de hombres, mujeres y niños viviendo y guarecidos del viento y la lluvia en sus toscos toldos, ajenos a todo lo bueno que la civilización ofrece (que es mucho, a pesar de todo lo malo que también trae) mientras la República Argentina perdía un tercio de su territorio emergido: una extensión de 804.538 kilómetros cuadrados a la cual los argentinos no habrían podido tener acceso. Eso es lo que piensan que debería haberse hecho los defensores de los derechos de los pueblos originarios y los invasores araucanos, simplemente inspirados quizás, por discrepancias de carácter político partidario.

Admitamos que la estrategia adoptada no fue, a la vista de lo que hoy conocemos como “Derechos Humanos” la más acertada ni “humana”, pero es lo que hicieron nuestros prohombres en las circunstancias que les tocó vivir. Ellos pensaron que lo que hacían, estaba bien. Que hubo descontrolados que no supieron estar a la altura de los valores que inspiraron estas acciones, nadie lo puede negar. Los hubo, y en ambas partes (algunos de ellos, atrevidamente, los nombramos en estas páginas). Ataques a poblados, asaltos a tolderías, rupturas de tratados, traiciones, engaños, matanzas innecesarias, promesas incumplidas fueron cosa común durante esos 65 años y debemos sentirnos avergonzados de que sucedieran.

Quizás si alguien hubiera tenido la sensatez de buscar otro tipo de solución al problema que nuestros gobernantes enfrentaban en aquellos años, las cosas no habrían sido así. Veinte mil aborígenes que eran el total de la población a principios del siglo XIX en esas tierras, podrían haber sido instalados legalmente en el lugar, adjudicándoles tierras para laborar y ganado para medrar; construyéndoles escuelas para educar a sus hijos y prepararlos para vivir en el nuevo mundo que se les ofrecía, garantizándoles asistencia médica y trabajo para quienes lo solicitaran.

Pero no fue así y si bien el camino que tomaron era el equivocado, no fueron genocidas. Simplemente querían entrar en su casa y que no se les prohibiera hacerlo. No hay duda de que hubo quienes fueron ambiciosos, poco escrupulosos, excesiva e innecesariamente violentos, insensibles al dolor humano y finalmente, brutales predadores (1), pero no era su intención que desaparecieran todos aquellos hombres y mujeres; de matarlos a todos, porque así no lo hicieron y prueba de ello es que, paradójicamente, hoy son los antepasados de muchos de los argentinos que hoy viven en esas tierras.

Y en 1885, ROCA, el “odiado genocida” que ya era el Presidente de la República, ya finalizadas las campañas que se realizaron al “desierto”, recibió al cacique mapuche SAYHUEQUE, uno de sus más enconados enemigos, que durante más de 20 años se había enfrentado con las fuerzas del gobierno en combates sangrientos. El “lonco” había solicitado una entrevista para solicitar tierras para que los suyos pudieran labrarlas y criar ganado, alimentos, ropa y un subsidio que los ayude a sobrevivir en paz, a todo lo cual, ROCA accedió. Puede un “genocida” tener esa actitud con quiso “exterminar”?. Nos parece que no (9).

Las críticas que hoy se lanzan sobre aquella gesta, huele más a herramienta militante que a verdadera indignación por algo que no fue. Los “liberales” y la “generación del 80” han tenido y tienen aún muchos enemigos que no dejan escapar ninguna oportunidad ni escenario para caer sedientos de sangre sobre quienes descargan sus frustraciones. Pateticamente, centran su rechazo a la figura de ROCA, cuando de los cinco que comandaron esas cinco expediciones que se realizaron entre 1820 y 1885, él fue quien menos actuación personal tuvo. Dirán que no combatió, pero que fue el gestor de la estrategia que recomendaba la extinción total de los aborígenes y el que puso en marcha el plan que así se lo garantizaba.

Qué argumento tan poco feliz. ROCA, era un militar y cuando a un militar se lo envía a combatir, solo piensa en destruir y vencer a su enemigo (si eso no les gusta, cambien la historia del mundo). ROCA no quería exterminar a toda la raza humana, ni a todas las tribus de originarios, ni siquiera a los mapuches invasores. Solamente a quienes, cumpliendo una orden, debía desalojar de las tierras que ocupaban. Si ese objetivo tenía fundamentos espurios, si fue impulsado por la ambición de los terratenientes o el oportunismo de los políticos de esa época, o sin en el cumplimiento de sus órdenes se cometieron excesos, es algo que a ROCA no se le puede atribuir, como excusa para justificar los ataques que se han centrado en él.

Hasta exigieron la destrucción de los monumentos que honran su memoria en varias ciudades de la Patagonia, agraviando a quien, más allá de su intervención durante las campañas al desierto, fue dos veces Presidente de la Nación. A pesar del rechazo que le opusieron los pobladores locales, lograron que sus aliados militantes políticos afines, trasladaran de lugar a algunos y que a otros se los retirara de sus emplazamientos y se los guardara, hasta que los cambios en la política, permitieran su reinstalación. Pero en muchos lugares de la Patagonia, rechazaron este descabellado proyecto porque sus pobladores saben que hoy, si pueden vivir en esas tierras, criar a su familia, trabajar y progresar, es porque hubo hombres que hicieron que esto fuera posible.

(3). “El éxito obtenido en la llamada “conquista del desierto” prestigió frente a la clase dirigente la figura de Roca y lo llevó a la presidencia de la república. Para el Estado nacional, significó la apropiación de millones de hectáreas. Estas tierras fiscales que, según se había establecido en la Ley de Inmigración, serían destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa, fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder, que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a serlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereyra Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, ya tenían algo más que dónde caerse muertos. Algunos de ellos se dedicarán a la explotación ovina poblando el desierto con ovejas; otros dejarán centenares de miles de hectáreas sin explotar y sin poblar, especulando con la suba del precio de la tierra. Aún hoy, el territorio de Santa Cruz tiene un porcentaje de medio habitante por kilómetro cuadrado” (Felipe Pigna, en “La Conquista del Desierto”).

(4). “Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes. El padre salesiano Alberto Agostini brindaba este panorama: “El principal agente de la rápida extinción fue la persecución despiadada y sin tregua que les hicieron los estancieros, por medio de peones ovejeros quienes, estimulados y pagados por los patrones, los cazaban sin misericordia a tiros de winchester o los envenenaban con estricnina, para que sus mandantes se quedaran con los campos primeramente ocupados por los aborígenes. Se llegó a pagar una libra esterlina por par de oreja de indios. Al aparecer con vida algunos desorejados, se cambió la oferta: una libra por par de testículos” (Felipe Pigna, en “La Conquista del Desierto”).

(5). Intentos de paz. Uno de los hechos que pueden considerarse como la contrapartida de estos aterradores datos, fueron los numerosos tratados, acuerdos y “parlamentos” realizados por las partes para lograr la paz y terminar con la violencia, aunque todos fueron rotos por unos u otros. Recordemos algunos de ellos por más significativos: El 7 de marzo de 1820, recién iniciada esta ordalía, el gobernador de Buenos Aires, coronel MARTÍN RODRÍGUEZ, firmó el “Tratado de Miraflores” con el estanciero FRANCISCO HERMÓGENES RAMOS MEJÍA, designado para que los representara por un numeroso grupo de cacique de la frontera sur, lo que representó el primer intento de convivencia pacífica. Declaraba la paz general y fijaba una línea fronteriza provisoria basada en los territorios efectivamente ocupados (ver Tratado de Miraflores).

En 1833 JUAN MANUEL DE ROSAS, durante la campaña que emprendió al declinar FACUNDO QUIROGA el mando de la misma, aplicó la política conocida como el “negocio pacífico con los indios”. Se basó en el respeto de los caciques leales y el uso de «indios amigos» para frenar los malones y consistía en una vasta red de tratados individuales con caciques «aliados» (como los Catriel) a quienes se les entregaba ganado, indumentaria y provisiones mensuales a cambio de actuar como fuerzas auxiliares y protectoras de la frontera criolla.

Tratados con las Naciones Ranqueles. En 1854, se firmó el primero de los tratados de paz, firmados con las naciones ranqueles para asegurar las fronteras Central y Norte de la Pampa. Luego en 1865, 1870, 1872 y 1878 se firmarán los llamados oro cuatro que completarán los llamados “Los cinco Tratados Ranqueles”, cinco grandes Tratados de paz firmados con los sucesivos gobiernos nacionales. El último de ellos, el “Tratado de Paz de julio de 1878”, negociado bajo la gestión del ministro de Guerra JULIO A. ROCA con los caciques EPUGNER ROSAS y MANUEL BAIGORRITA, pocos meses antes de que se iniciara la ofensiva militar definitiva sobre sus tierras. En este documento, las tribus reconocían explícitamente la soberanía del Estado Nacional a cambio de raciones de subsistencia.

En 1856, luego de la caída de JUAN MANUEL DE ROSAS, se hizo necesario restablecer las alianzas concertadas por él, con “la dinastía de los Catriel” de Azul para asegurar la defensa de la frontera sur bonaerense y a estos efectos, se firmó en Bahía Blanca el “Tratado del Fuerte Argentino”, mediante el cual se designaba a JUAN CATRIEL, “Cacique Mayor del Sur”.

El 20 de mayo de 1863 se firmó un Tratado de Paz con el cacique VALENTÍN SAYHUEQUE, donde se reconoció su autoridad absoluta sobre el estratégico “País de las Manzanas” en el norte de la Patagonia. A cambio de mantener la paz y controlar que otras tribus no realizaran malones, el gobierno argentino le otorgó formalmente el cargo de “Gobernador Indígena de las Manzanas” y le proveyó de sueldos y raciones. Este acuerdo rigió con éxito hasta que fue quebrado unilateralmente por el avance militar de la Conquista del Desierto en 1879. El “País de las Manzanas”, el lugar done había nacido el cacique Sayhueque y ahora gobernaba con mano férrea, era una zona fértil ubicada en el noroeste de la actual provincia de Río Negro y el sur del Neuquén, en la Patagonia argentina, habitada por una confederación heterogénea y multiétnica integrada por parcialidades de los pueblos mapuche (principalmente huilliches) y tehuelches septentrionales.

En 1872, durante la presidencia de DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, contando ya con más de 90 años de edad, el cacique araucano CALFUCURÁ firmó un Tratado de paz con el gobierno nacional con el objetivo de frenar el avance del gobierno nacional sobre sus territorios clave de Carhué y Choele Choel, pero sin nada que lo justificase, reunió un poderoso ejército y desde su campamento en las Salinas Grandes, en la provincia de La Pampa, donde se había reunido con sus capitanejos para resolver los últimos detalles de su proyectada invasión (conocida como el “Malón Grande”), en la madrugada del 5 de marzo de 1872, rompiendo el Tratado de Paz firmado con el presidente D. F. SARMIENTO, al frente de 3.500 guerreros (mapuches, ranqueles y otras tribus aliadas), superando la defensa ejercida por sus guarniciones, lanza el ataque más masivo y devastador del que se tenga registro, sobre los pueblos de General Alvear, 25 de Mayo y Nueve de Julio, en la provincia de Buenos Aires, asesinando a 300 pobladores, cautivando a 500 y robando 200.000 cabezas de ganado. A. SERRES GÜIRALDES afirmó: “La apreciación oficial sobre la magnitud del malón, sitúa los efectivos que intervinieron en el mismo, entre los 3.000 y 3.500; pero estimaciones de testigos presenciales – tales como el ingeniero EBELOT – hacen ascender el número a unos 5.000 indios (ver Calfucurá ataca tres pueblos de la provincia de Buenos Aires).

El 10 de enero de 1863 el general BARTOLOMÉ MITRE, siendo ya presidente de la Nación, le escribe al cacique JUAN CALFUCURÁ y le expone sus propósitos para con los indios y le dice: “Estimado amigo: He recibido su carta última, en la que veo el interés que se toma por mi salud, que es muy buena al presente, lo que me alegro en participarle, deseando por mi parte que usted y sus indios se encuentren buenos y fuertes como yo», exhortándolo luego a que controle la belicosidad de su gente para arribar a una paz que a todos les convendrá (ver Propuesta de Mitre al cacique Calfucurá).

El cacique JUAN CALFUCURÁ, reaccionó con una hábil respuesta diplomática, que luego, como era su costumbre, sus acciones, estarán muy lejos e lo que allí decía. El 8 de marzo de 1863, combinando la reafirmación de su voluntad de paz con sutiles advertencias y exigencias materiales, le hizo creer a MITRE que estaba totalmente decidido a poner fin a las hostilidades.

Esta reacción desactivó temporalmente la amenaza de guerra total. MITRE, ocupado internamente con las rebeliones federales en las provincias (como la de las montoneras del «Chacho» Peñaloza) y más tarde con la Guerra del Paraguay, prefirió mantener los subsidios, sueldos y raciones de yerba, azúcar y tabaco para el jefe mapuche, prolongando una tensa paz fronteriza que duraría unos años.

(6). Fundación de pueblos y ciudades. Durante las “Campañas al Desierto” se había establecido una línea de fortificaciones que partía desde el sur de la provincia de Buenos Aires, atravesaba La Pampa y se extendía por el Alto Valle del río Negro, compuesta por quince fuertes y fortines destinados a asegurar el control de la Patagonia y la región pampeana y muchos de estos emplazamientos militares, fueron luego el origen directo de las ciudades y pueblos que existen hoy en día en esos territorios:

En ese período de nuestra Historia se fundaron las actuales ciudades de Tandil (1823), fundada por el Coronel MARTÍN RODRÍGUEZ para establecer un baluarte en la frontera contra los malones; Bahía Blanca (1828), creada inicialmente como una fortaleza militar (la Fortaleza Protectora Argentina), fue clave para el control del sur bonaerense; “General Roca”, en Río Negro (1879), fundada originalmente como “Fuerte General Roca” (o Fiske Menuko) por el coronel LORENZO VINTTER durante el avance de la Primera División; “Choele Choel”, en Río Negro (1879), surgió del asentamiento militar establecido en la Isla de Choele Choel; Cipolletti, Río Negro (1881), surgida a partir del asentamiento militar “Fuerte Primera División, instalado por las tropas de Roca; Coronel Pringles (1882); Chos Malal, Neuquén (1887), fundada por el coronel MANUEL OLASCOAGA como la capital del entonces Territorio Nacional del Neuquén y más de un centenar de centros urbanos que se crearon en la provincia de Buenos Aires para colonizar el territorio y expandir la red productiva.

(7). En 1870, el presidente Domingo Faustino Sarmiento dispuso enviar al Chaco Austral una expedición militar al mando del coronel Napoleón Uriburu para asegurar la navegación de los ríos, frenar los ataques indígenas, forzar su traslado para proveer mano de obra a los obrajes y establecer señales permanentes en la región, con el fin de asegurar los derechos soberanos de la República Argentina en esos territorios, que insistentemente eran reclamados por Paraguay (ver “Campaña al Chaco Austral).

(8). La expansión de los mapuches (o araucanos como los llamaban los españoles) hacia la Patagonia argentina fue un proceso largo que se inició en el siglo XVII. El flujo se intensificó significativamente a partir de 1820, cuando grandes grupos cruzaron la cordillera huyendo de la Guerra a Muerte en Chile, desplazando a los tehuelches originarios

(9). El cacique VALENTÍN SAYHUEQUE junto con sus principales caciques se reúne en la Casa Rosada con su otrora rival, el Presidente argentino, el General JULIO ARGENTINO ROCA. Pide una concesión de tierras para establecerse con su tribu, para fundar una colonia agrícola y pastoril bajo el amparo y ayuda del Gobierno de la Nación. A pesar de su condición de vencido, “el lonco” se presentó ante ROCA con altivez y demandas claras para la supervivencia y dignidad de su gente. Solicitó un territorio fijo en la Patagonia para establecer de forma permanente una colonia agrícola y pastoril que sacara a su tribu de la condición errante en la que se encontraba, demandó el amparo formal y la ayuda económica del Gobierno nacional para iniciar la producción agrícola con su gente y expresamente, pidió la escolarización de su hijo en un colegio de Buenos Aires, para integrarlo a las nuevas realidades del país.

El presidente ROCA dio el visto bueno a todas las solicitudes que le hiciera y e inmediato se le otorgó formalmente la concesión provisoria de tierras, derivando la localización exacta de la reserva a su Ministerio de Guerra y Marina.

Cumpliendo trámites derivados de esta reunión, SAYHUEQUE debió permanecer unas tres semanas más en la capital nacional asegurando el otorgamiento del beneficio. El cumplimiento definitivo tardó una década en materializarse: recién en 1895 se reubicó de manera oficial a su comunidad en la Colonia Pastoril “General San Martín” (en el Valle de Genoa, Chubut), asignándoles unas 125.000 hectáreas de tierra (ver Reunión Roca-Sayhueque).