EL ESTATUTO PROVISIONAL DE 1815 (06/05/1815)

El Estatuto Provisional de 1815 fue un instrumento legal cuyo nombre completo era “Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado”, que fue redactado por la “Junta de Observación”, para regir en forma provisional en las Provincias que habían integrado el Virreinato del Río de la Plata, hasta que se reuniera un Congreso General. El Estatuto, que reemplazaba al “Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo”, que había sido aprobado el 27 de febrero de 1813 por la Asamblea General, fue entregado al Cabildo por el Presidente de la Junta, doctor Esteban Gascón y el 6 de mayo de ese año, fue aceptado y jurado por el Director Supremo Suplente, doctor Álvarez Thomas, quien de esta forma, recibió el mando superior de las Provincias Unidas.

Este Estatuto era muy semejante (“una mala copia” dirá el historiador Emilio Ravignani) al proyecto de Constitución que la Sociedad Patriótica presentara ante la Asamblea del Año XIII, aunque las circunstancias eran muy distintas:  en la época que Monteagudo redacto el proyecto, era necesario un Poder  Ejecutivo fuerte; en cambio, en 1815, los errores cometidos por Alvear, reclamaban un gobierno sujeto a limitaciones y controles en el mando. El Estatuto Provisional de 1815 estableció tres Poderes: el Ejecutivo, a cargo del Director Supremo, el Legislativo, representado por la Junta de Observación y el Judicial, a cargo  de un Tribunal Superior y las Cámaras de Apelación. Ratificaba la Suprema Potestad Ejecutiva en un Director Supremo de las Provincias Unidas y creaba un Consejo de Estado compuesto de nueve miembros, uno de los cuales debía ser Presidente, otro Secretario y los demás Vocales. El Director Supremo debía consultar al Consejo de Estado todos los asuntos relativos a la paz, la guerra y el comercio con el extranjero y el Consejo debía presentar al Director proyectos que juzgase convenientes y asesorarlo en lo que necesitase. El Presidente del Consejo de Estado sería elegido por la Asamblea. El Secretario y los Vocales serian nombrados por el Director Supremo. Éste usaría en los actos oficiales, para demostrar su alta representación, una banda compuesta por dos fajas azules y una blanca en el medio.

A fines de mayo de 1815, fue designado Presidente del Consejo de Estado el Doctor NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA y el Director Supremo, GERVASIO ANTONIO DE POSADAS, nombró Ministro de Gobierno al Doctor NICOLÁS HERRERA, de Hacienda a JUAN LARREA y de Guerra y Marina, al coronel JAVIER DE VIANA. Fueron nombrados además como Vocales del Consejo de Estado, los doctores JOSÉ VALENTÍN GÓMEZ y MANUEL JOSÉ GARCÍA, el General MIGUEL DE AZCUÉNAGA y el Coronel ÁNGEL MONASTERIO.

El Estatuto tenía un capítulo referido a los deberes de todo hombre en el Estado en el cual disponía la obligación de respetar y obedecer a las leyes y a los magistrados y funcionarios. Prevé la organización del gobierno en base a la división de poderes y dispone que el Poder Legislativo sea ejercido por la Junta de Observación hasta la celebración del Congreso general. En cuando al Poder Ejecutivo, reitera las normas vigentes, esto es su carácter unipersonal con el nombre de Director del Estado, con un mandato por un año y facultades restringidas. El Poder Judicial se establecía independiente de los otros poderes. Disponía que fueran designados por elecciones populares el Director del Estado, los Diputados Representantes de las Provincias para el Congreso General, los Cabildos seculares de las Ciudades y Villas, los Gobernadores de Provincia y los miembros de la Junta de Observación.

En materia de derechos personales estableció que todo individuo arrestado debía ser puesto dentro de veinte y cuatro horas a disposición de los respectivos Magistrados de Justicia con toda la independencia que corresponde al Poder Judicial, pasándoles los motivos para su juzgamiento. También establecía la inviolabilidad de la correspondencia y diversas garantías para el supuesto que fuere necesaria su intercepción. Pero es evidente que la disposición más importante de este Estatuto esra la que le concedía al Director Supremo, la facultad de convocar a las provincias “para el pronto nombramiento de diputados que hayan de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad de Tucumán”.

Repercusión en las provincias. El Estatuto Provisional de 1815 no recibió el apoyo mayoritario de las provincias. Sólo Salta y Tucumán,  cuyos gobernadores eran Martín Miguel de Güemes y Bernabé Aráoz respectivamente, se adhirieron a él. En Cuyo, provincia que se había separado recientemente de Córdoba, y cuyo gobernador era el general San Martín, aceptó al nuevo Director pero no juró respetar el Estatuto, por considerar que había establecido un Poder Ejecutivo excesivamente débil. Artigas, si bien inicialmente aceptó al Director electo, terminó rechazando al mismo y al Estatuto cuando no se reconoció la segregación de Santa Fe como provincia autónoma. A la misma posición se adhirieron Córdoba, la Banda Oriental, Corrientes y Entre Ríos, cuatro estados controlados por el caudillo oriental.

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