EL ESTATUTO PROVISIONAL DE 1815 (06/05/1815)

Tal como había quedado establecido, luego de que se produjeran evidentes enfrentamientos entre la Juna de Observación y el Director Supremo, la Junta  redactó el Estatuto Provisional para la Administración y Dirección del Estado, para regir en forma provisional en las Provincias que habían integrado el Virreinato del Río de la Plata, hasta que se reuniera un Congreso General. Uno de sus miembros  (ESTEBAN GASCÓN) entregó los pliegos al Cabildo y el 6 de mayo el documento fue aceptado y jurado por el Director Suplente: ÁLVAREZ THOMAS, quien  recibió, de tal manera, el mando superior de las Provincias Unidas.

El Estatuto, si bien surgió a consecuencia de una revolución federal realizada por las provincias, su contenido, como el modelo que le sirvió de inspiración, es de carácter unitario. Es muy semejante —»una mala copia» dice el historiador Ravignani— al proyecto de Constitución que la Sociedad Patriótica había presentado ante la Asamblea del Año XIII. Sin embargo, las circunstancias no eran las mismas por cuanto en la época en que Monteagudo redactó el proyecto era necesario un Poder Ejecutivo fuerte; en cambio, en 1815, los errores cometidos por Alvear reclamaban un gobierno sujeto a limitaciones en el mando.

Respondía así a los anhelos del momento, que exigían un Poder Ejecutivo controlado, pero en esta forma subsistía el antiguo conflicto que mantenían los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Recuérdese los rozamientos entre el Primer Triunvirato y la Junta Conservadora en 1811 (Reglamento Orgánico y Estatuto Provisional).

El Estatuto, que reemplazaba al “Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo”, que había sido aprobado el 27 de febrero de 1813 por la Asamblea General, estableció tres Poderes: el Ejecutivo, a cargo del Director Supremo, el Legislativo, representado por la Junta de Observación y el Judicial, a cargo  de un Tribunal Superior y las Cámaras de Apelación.

Ratificaba la Suprema Potestad Ejecutiva en un Director Supremo de las Provincias Unidas, pero  subordinaba el Poder Ejecutivo al Legislativo por cuanto el Director podía cesar en su mandato a requerimiento de la Junta de Obser­vación y del Cabildo. Creaba un Consejo de Estado compuesto de nueve miembros, uno de los cuales debía ser Presidente, otro Secretario y los demás Vocales. El Director Supremo debía consultar al Consejo de Estado todos los asuntos relativos a la paz, la guerra y el comercio con el extranjero y el Consejo debía presentar al Director proyectos que juzgase convenientes y asesorarlo en lo que necesitase. El Presidente del Consejo de Estado sería elegido por la Asamblea. El Secretario y los Vocales serian nombrados por el Director Supremo. Éste usaría en los actos oficiales, para demostrar su alta representación, una banda compuesta por dos fajas azules y una blanca en el medio.

A fines de mayo de 1815, fue designado Presidente del Consejo de Estado el Doctor NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA y el Director Supremo, GERVASIO ANTONIO DE POSADAS, nombró Ministro de Gobierno al Doctor NICOLÁS HERRERA, de Hacienda a JUAN LARREA y de Guerra y Marina, al coronel JAVIER DE VIANA. Fueron nombrados además como Vocales del Consejo de Estado, los doctores JOSÉ VALENTÍN GÓMEZ y MANUEL JOSÉ GARCÍA, el General MIGUEL DE AZCUÉNAGA y el Coronel ÁNGEL MONASTERIO.

El Estatuto tenía un capítulo referido a los deberes de todo hombre con el Estado, donde disponía la obligación de respetar y obedecer a las leyes y a los magistrados y funcionarios. Preveía la organización del gobierno en base a la división de poderes y dispone que el Poder Legislativo sea ejercido por la Junta de Observación hasta la celebración del Congreso general. En cuando al Poder Ejecutivo, reitera las normas vigentes, esto es su carácter unipersonal con el nombre de Director del Estado, con un mandato por un año y facultades restringidas. El Poder Judicial se establecía independiente de los otros poderes.

Disponía que fueran designados por elecciones populares el Director del Estado, los Diputados Representantes de las Provincias para el Congreso General, los Cabildos seculares de las Ciudades y Villas, los Gobernadores de Provincia y los miembros de la Junta de Observación.

La disposición más importante del Estatuto Provisional de 1815, fue la que tomó concediendo  al Director Supremo,  la facultad de convocar a las pro­vincias «para el pronto nombramiento de diputados que hayan de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad de Tucumán» En materia de derechos personales estableció que todo individuo arrestado debía ser puesto dentro de veinte y cuatro horas a disposición de los respectivos Magistrados de Justicia con toda la independencia que corresponde al Poder Judicial, pasándoles los motivos para su juzgamiento. También establecía la inviolabilidad de la correspondencia y diversas garantías para el supuesto que fuere necesaria su intercepción.

Repercusión en las provincias]
El Estatuto no recibió el apoyo mayoritario de las provincias. Sólo Salta y Tucumán,  cuyos gobernadores eran Martín Miguel de Güemes y Bernabé Aráoz respectivamente, se adhirieron a él. En Cuyo, provincia que se había separado recientemente de Córdoba, y cuyo gobernador era el general San Martín, aceptó al nuevo Director pero no juró respetar el Estatuto, por considerar que había establecido un Poder Ejecutivo excesivamente débil. Artigas, si bien inicialmente aceptó al Director electo, terminó rechazando al mismo y al Estatuto cuando no se reconoció la segregación de Santa Fe como provincia autónoma. A la misma posición se adhirieron Córdoba, la Banda Oriental, Corrientes y Entre Ríos, cuatro estados controlados por el caudillo oriental.

Resumiendo, digamos que el Estatuto Provisional de 1815, es un complicado código que consta de un largo Pre­ámbulo, seguido de siete secciones divididas en capítulos, un reglamento para la Junta de Observación y, finalmente, varias disposiciones generales.

Primera Sección. — Se ocupa «del hombre en la sociedad» y reconoce a los habitantes el goce de seis derechos: la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Establece que la religión del Estado será la católica, apostólica, romana. Acuerda el ejercicio del derecho de ciudadanía a todo hombre nacido en el territorio con un mínimo de edad de 25 años; los extranjeros podrían obtenerlo con cuatro años de residencia.
Segunda Sección. — Dispone que el Poder Legislativo residirá en la Junta de Observación hasta tanto se expida un Congreso General de las Provincias.Se ocupa del Director Supremo, establece sus atribuciones y le reconoce la facultad de nombrar a tres Secretarios de Estado: Gobierno, Guerra y Hacienda.
Tercera Sección. — Las provincias deberán ser convocadas a un Congreso General a reunirse en la ciudad de Tucumán «para que allí acuerden el lugar en que hayan de continuar sus sesiones». La atribución de invitar a los pueblos del interior correspondería al Director Supremo.
Cuarta Sección. — Dedicada al Poder Judicial, deja expresa constancia de su independencia con respecto al Ejecutivo.Según el historiador Levene, esta sección es la más destacada del Estatuto por cuanto «muchas de sus prescripciones pasaron casi textualmente a las Cons­tituciones subsiguientes».
Quinta Sección. — Se refiere a los procedimientos a seguir para las eleccio­nes de: Director Supremo, diputados ante el Congreso General, gobernadores de las Provincias, miembros del Cabildo e integrantes de la Junta de Observación.
Sexta Sección. — Considera al ejército dividido en tres categorías: las milicias provinciales y las fuerzas de las fronteras, bajo las órdenes del Director Supremo y las milicias cívicas (guardias nacionales) dependientes del Cabildo.
Séptima Sección. — Se ocupa de las declaraciones de derechos y garantías re ferentes a la seguridad individual y a la libertad de imprenta. Como sucedió con varios tópicos de la Cuarta Sección, muchas de sus disposiciones pasaron casi integramente a las Constituciones posteriores.

El Estatuto Provisional fue comunicado a las provincias, pero’ éstas lo rechazaron, aunque todas —con excepción de las dominadas por Artigas— estuvieron de acuerdo en la cláusula referente a la convo­catoria de todos los pueblos a un Congreso General. De tal manera, el Estatuto de 1815 sólo fue aplicado en Buenos Aires y empleado en. la designación de los diputados porteños.

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