CORRUPCIÓN HUBO SIEMPRE

La Catedral es una cantina limeña de mala muerte, donde platican dos parroquianos. Es una pieza esencial de la trama que hace funcionar la novela “Conversación en la Catedral”, de Mario Vargas Llosa. Ni bien empieza el capítulo, el protagonista desliza una frase que perdurará en la memoria de los lectores. “¿Cuándo se jodió el Perú?” Es un dicho efectivo, de resonancia continental. Implicaría que todo venía bien, hasta que las cosas descarrilaron. Cada tanto, los lectores lo desempolvamos para usarlo a nuestro gusto.

¿Cuándo nos jodimos nosotros?. Cada uno tendrá sus fechas. Que fue aquel año o el otro. Con los radicales o los peronistas. En mi modesta opinión, tal vez el proceso venga de antes, quizá de la época de los primeros gobernadores, cuando aún estaban los españoles. Pongamos el caso de la provincia de Córdoba. Al fundador lo mató el gobernador entrante. Jerónimo de Cabrera fue estrangulado por Gonzalo de Abreu. Que a su vez, ni bien estrenó su despacho, firmó un decreto de necesidad y urgencia: los bienes del difunto Jerónimo pasaron al fisco y se vendieron a precio vil, en una subasta donde el único oferente fue el sucesor, que compró por debajo de la base. Sobre el crimen corrieron diversas versiones. Una fue que a Jerónimo lo ahorcaron contra el respaldar de la cama. Otra, que tuvo el final de un hidalgo. En este caso, habrá llegado al cadalso a caballo y de larga túnica, al compás del tamborín. Era una gran diferencia con un reo del populacho. Estos llegaban en burro montados contra natura, o sea, mirando a popa. Como sea, tanto el garrote noble como el garrote vil fueron la versión española de la guillotina. Todo se reducía a una cogotera de hierro, provista de un tornillo sinfín que partía las vértebras del condenado. Pero es posible que el flamante villorrio de Cabrera aún careciera de dicha tecnología, así que Gonzalo y sus sicarios improvisaron un garrote casero. Aprovechando que Jerónimo guardaba cama, lo arrimaron al respaldar, pasaron un cinturón flojo alrededor de su cuello y uno de los barrotes y lo despacharon con unas vueltas de torniquete.

Gonzalo de Abreu, el nuevo gobernador, apenas alcanzó a disfrutar del patrimonio de su antecesor, pues pronto fue reemplazado por el doctor Hernando de Lerma, que a su vez lo mandó a la cárcel y lo torturó hasta matarlo. Fraguaron un falso certificado de defunción y De Lerma se quedó con los bienes de Abreu, incluyendo la vajilla. El crimen se lo achacaron a una supuesta viuda negra, que se declaró culpable bajo tormento. Una vez eliminado su antecesor, el doctor Hernando de Lerma se ocupó de los funcionarios salientes, procediendo a embargarles su patrimonio. Algunos fueron ahorcados en público y otros debieron huir de Santiago del Estero. Un vecino rezongón también acabó en la cárcel. De Lerma desplumó al antiguo gobernador y habría permitido que la soldadesca se hiciera cargo de las niñas de su familia. De Lerma, el gobernador entrante, era un abogado en quiebra. Había demorado tres años en partir desde España para asumir el cargo, pues no tenía ni para el viaje. Tampoco acabó bien. Lo sometieron a juicio de residencia y fue desterrado de América. Murió en un penal madrileño y tiraron su cuerpo a los caranchos, sin que nadie pagara una misa por su alma.

No era gente acaudalada. A veces llegaban quebrados a las Indias y prosperaban de manera fulgurante. La política era su salvación. A falta de obra pública, sobraban indios y tierra. Para hacerse de un buen patrimonio, alcanzaba con fundar. Se elegía un lugar adecuado, se plantaba un poste en el suelo, se convocaba al escribano y al cura, se daban unos espadazos al aire y se procedía al reparto del territorio. Así, Jerónimo de Cabrera se había convertido en millonario. Era dueño de estancias grandiosas y de todos los indios de la provincia. En un tiempo, la capital del Tucumán funcionó en Santiago del Estero. No era el más codiciado de los destinos, aunque sobraban los postulantes. Un modo de convertirse en funcionario era comprar el cargo. En Buenos Aires se subastaban con auspicio del Cabildo. Entre los compradores frecuentes figuraban los cabecillas del Cartel Negrero. El mercado esclavista más fuerte de Sudamérica funcionaba en el Río de la Plata, operado por cabildantes. Uno de los cabecillas era el tesorero Simón de Valdez, una suerte de ministro de economía que prestaba plata del presupuesto al 15 por ciento y trabajaba con Mateo de Ayala, máximo miembro de la Justicia, que a la larga se compró la gobernación. La compra de cargos era legal.

Después de gobernador, los puestos más codiciados estaban en la Justicia. Había más aspirantes que cargos: para una vacante en Chile, se anotaban cien candidatos. En teoría, te podías presentar hasta por el virreynato de Lima. Para alguien en la ruina, ofertar por un cargo significaba una fortuna, que requería el auxilio de financistas. Por algo Gonzalo de Abreu se tomó tanto tiempo para asumir. ¿Por qué despachó a Jerónimo apenas puso pie en Córdoba? Porque estaba acosado por los financistas y precisaba efectivo. Pero, en general, para amortizar esos préstamos, alcanzaba con la coima, siempre que tuvieras bien aceitada a la Justicia. El hábito de tenerla en un puño se remontaba al propio fundador de Santiago del Estero, Francisco de Aguirre, que puso al sobrino a la cabeza del Poder Judicial y lo reemplazó con otro sobrino cuando el primero fue asesinado. Con todo, Aguirre no logró terminar su tercer período y fue removido. Uno de los responsables de su salida anticipada fue Jerónimo de Cabrera, probable alcahuete de la Inquisición. La provincia del Tucumán llegó a ser inmensa. En un tiempo se extendía de Jujuy a San Juan, a lo largo de la cordillera nevada. Parece que alguna vez la gobernaron los incas. Hoy es una sombra de lo que fue. Jamás llegarán a conocerse todas las tenebrosas historias que produjo el territorio. Pero abundaba, eso sí, el anecdotario folklórico, que incluso mostraba el costado humano de los caudillos. Que éste apostó la provincia al billar o que aquél vendió la gobernación por mil pesos. Y la rusticidad del gobernador en cuestión era un tópico infaltable.

En Cuyo, a uno de aquellos gobernadores perpetuos, le atribuían la manía de escupir en el piso de su despacho. El secretario privado, un auténtico caballero, compró una salivadera de porcelana. Cada vez que su jefe disparaba un gargajo, el secretario se la colocaba a tiro, pero el gobernador vuelta a escupir al otro lado. El secretario, con infinita paciencia, corría de nuevo la escupidera, hasta que un día el gobernador estalló: “¡Tanto va a joder con ese aparato que se lo voy a escupir nomás!”. Era el costado chistoso. Los provincianos, como buenos encubridores, siempre lo tomábamos a la broma. Hasta que alguna nueva brutalidad acallaba la jarana.

Más acá en el tiempo, en Tucumán, el gobernador Marco Avellaneda fue decapitado de pie. Su cuerpo, ya sin cabeza, fue a dar a tierra y alcanzó a gatear. Según el diario del oficial que lo ejecutó, un soldado sostenía la cabeza de Marco de los pelos, que todavía gesticulaba como producto de los reflejos nerviosos. Luego los federales jugaron a la pelota con su cabeza. ¿Será cierto que hicieron fulbito con sus genitales? La cabeza de Marco, insertada en una lanza, estuvo un mes en la plaza.

Luego vendría el turno de los gobernadores perennes. Juan Felipe Ibarra, gobernador vitalicio de Santiago, se las arregló para suprimir la Legislatura. Cuando alguien le marcó esta circunstancia, Ibarra se vio obligado a justificarse. Los diputados hubieran sido un engorro, porque cada mañana iban a pasar por su casa a preguntarle qué tenían que hacer. A Ibarra lo sucedió su sobrino, Manuel Taboada. Si a estos dos personajes se agregara Carlos Juárez, el caudillo santiagueño, resultaría que tres personas dominaron la provincia durante casi cien años, de cuerpo presente o a través de esposas, familiares o delegados.

José Alperovich, el reciente virrey tucumano, fue electo tres veces. Hasta el próximo diciembre dominará Tucumán. Gerardo Zamora, gobernador de Santiago, luchaba por su tercer mandato cuando lo frenó la justicia. Entonces puso a su mujer. Pero en provincias, doce años son nada. Tanto Menem como Kirchner iban por su tercera temporada cuando les vino la Presidencia. Ya lo dijeron varios: más de ocho años es monarquía, pero hasta dos turnos podrían resultar demasiado. Ni hablar si el cargo lo hereda la mujer del Presidente.

San Luis fue manejada durante un cuarto de siglo por los tres hermanos Mendoza y sus cuñados. Un puñado de personas se repartieron esa provincia, en lo que Juan Zavala llamó usurpación crónica del gobierno. Eriberto, el primogénito, fue miembro del Congreso Nacional durante treinta y tres años. La Dinastía Mendoza fue superada por la Dinastía Rodríguez Saa, que reina en la comarca desde 1983. En Formosa, el gobernador lleva casi veinte años y podría continuar todo el tiempo que guste.

En la época española, los gobernadores perennes proliferaron entre Michoacán y la Patagonia. Pero en México hubo alguien que estuvo a un paso de poner en vereda a los encomenderos, soporte esencial del Poder. Encomendero era el eufemismo que designaba a los propietarios de esclavos, sólo que se trataba de indios en vez de negros. Bartolomé de las Casas, el Francisco de la época, se propuso acabar con la explotación de los pueblos originarios. El obispo de Chiapas tuvo una idea brillante: negarles la absolución a los encomenderos. Ya en su lecho de agonía, mientras pedían pista para el despegue, los colonos descubrían con espanto que tendrían vedado el acceso al Cielo mientras no confesaran sus crímenes y liberaran a sus esclavos. Encima, debían repartir sus bienes entre la indiada. Como los herederos igual se las ingeniaban para burlar la voluntad del finado, el obispo dictó un código al cual debían ceñirse los confesores. El cura convocaba a un escribano junto al lecho de agonía. Todo testamento anterior era nulo. El protocolo establecía que aunque el encomendero tuviera cien hijos legítimos, éstos no verían un mango. Recién cumplido ese paso, el encomendero sería confesado y absuelto. El propio confesor debía ocuparse de hacer el inventario de bienes y entregárselo a los indios. El obispo de Chiapas la tenía reclara. Por algo, en el pasado, había sido encomendero. Venía de la infame década de los noventa, cuando todo empezó a pudrirse en las Indias.

Es obvio que los cambios del obispo de Chiapas no podían durar. Para peor, a los confesores se les había ido la mano. Ya ni siquiera esperaban que el pobre encomendero cayera enfermo. Así rebozara salud, le negaban el sacramento durante la misa dominical. Total que al obispo se lo sacaron de encima y lo fletaron a España. Todo volvió a la normalidad. Desde entonces, entre Michoacan y la Patagonia, la política ha seguido marcada a fuego por esas criaturas indestructibles. En materia de gobernadores y encomenderos, no hay obispos de Chiapas ni papa Francisco que valgan.

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