Autor: Horacio 15/12/2015 0 Comentarios

Luego del triunfo de la revolución del 25 de Mayo de 1810 y la instalación del Primer Gobierno Patrio, la Primera Junta debió abocarse a la solución de urgentes problemas que afectaban seriamente el afianzamiento definitivo de su Independencia.

A la debilidad de una economía errática y dependiente (ver Comercio exterior argentino), heredada de su época como colonia Hispanoamericana, se le sumaba la escasez de recursos para financiar los gastos del aparato militar que debía sostener para defender su libertad; una situación de angustia en buena parte de su territorio, debido a la hostilidad de los aborígenes; los males de ineficaz política comercial; el ahogo de sus provincias carentes de medios para subsistir sin el apoyo de Estado y hasta la sorda y malintencionada prédica de gran parte de su población, especialmente españoles y descendientes de ellos, que todavía no aceptaban separarse de «la madre patria».

Fue necesario entonces «tomar el toro por las astas» y dictar una serie de medidas, que por lo apresuradas, muchas de ellas no produjeron los beneficios buscados, pero que en conjunto, marcaron el inicio de un proceso que, con serios altibajos, demandó muchos años hasta que se produjo el afianzamiento (que luego se verá precario) en los que se conocen como «los años de oro» (fines del siglo XIX y principios del XX).

Medidas económicas
Al iniciarse la Revolución de mayo de 1810, se encontraba en vigor el decreto del 6 de noviembre de 1809 de Cisneros, sobre la apertura del puerto de Buenos Aires para la exportación e importación de productos extranjeros. Los conflictos con el Perú, Uruguay y Paraguay, tuvieron consecuencias económicas muy sensibles para Buenos Aires, que desde entonces interrumpió el intercambio de sus frutos, con el estaño de las minas de Potosí y la yerba y el tabaco paraguayos.

El 5 de junio de 1810, la Junta fija una nueva escala de derechos aduaneros, con el objeto de facilitar la exportación de cueros, establecimiento el derecho de cuatro por ciento en concepto de alcabala y uno y medio de otros varios, más un real de guerra, es decir, seis y medio por ciento.

El sebo y otros frutos derivados de la ganadería, debían pagar en total el doce por ciento. En la «Gazeta» del 19 de julio del mismo año, se publicó el primer estado de la tesorería que da cuenta de la recaudación e inversión de fondos, del período comprendido entre el 25 de mayo y el 30 de junio de ese año.

El total de lo recaudado era de 615.394 pesos, habiéndose gastado 391.120 pesos, quedando por lo tanto un sobrante de 224.274 pesos. Debe mencionarse que fueron ésta y otras medidas económicas de carácter liberal dictadas por la Primera Junta, las que le permitieron la disponibilidad de moneda metálica, que hasta ese momento estaba prohibida.

Al año de producida la Revolución, se inició el déficit financiero, como consecuencia, por una parte, de las altas erogaciones que debía afrontar el gobierno para hacerla triunfar en el continente, y por otra parte, por la interrupción del intercambio comercial con algunas provincias.

Así se explica que el l° de mayo de 1811, se dictara un bando sobre suscripción forzosa para los españoles, fundado en el hecho de que el Virrey ELÍO había declarado el bloqueo al Puerto de Buenos Aires y a fines del mismo año, se dispuso una reducción de sueldos a los empleados civiles y militares, recayendo en estos últimos entre los que no prestaban servicio activo.

Fomento de la inmigración y colonización de la tierra pública
El 4 de septiembre de 1812, la autoridad de ese momento, es decir, el Triunvirato firmó un notable decreto sobre inmigración y colonización: El gobierno ofrece su inmediata protección, diciendo en los considerandos del decreto: «a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad…».

A los extranjeros que se dedicaban al cultivo de los campos, el decreto decía que «se les dará terreno suficiente; se les auxiliará para sus prime­ros establecimientos rurales y en el comercio de sus producciones gozarán de los mismos privilegios que los naturales del país».

Por último, a los que se aplicaran al beneficio de las minas, se les repartiría gratuitamente los terrenos baldíos, y se les permitiría la libre introducción de los instrumentos necesarios para la explotación de minas. Este decreto lleva las firmas de CHICLANA PUEYRREDÓN y RIVADAVIA (1).

La Asamblea del año XIII dictó luego algunas medidas de carácter económico para combatir el latifundio y a este efecto suprimió los mayorazgos y facultó al poder ejecutivo para que distribuyera la tierra pública por «el modo que crea más conveniente al incremento del Estado».

En el año 1818, el director PUEYRREDÓN reglamentó minuciosamente el repartimiento de tierras. Dentro de la línea de fronteras, se donaban terrenos baldíos, con la condición de que se debían poblarlos a los cuatro meses de entrado en posesión del terreno.

La extensión de las tierras concedidas debía guardar relación con la capacidad del poblador para colonizarlas. El gobierno se obligaba a proteger a los nuevos propietarios contra la invasión de indios.

El Congreso de 1819, dictó una ley por la que se dispuso la repartición de terrenos baldíos en las provincias de Salta, Cuyo, Jujuy, Santiago, Catamarca y Córdoba.

A muchos abusos dieron lugar estas donaciones. Se denunciaron extensas superficies, aún dentro de la frontera asegurada. En la mayoría, no se cumplieron las condiciones de población impuestas por el gobierno.

En la primera época de la independencia, el gobierno no podía emplear otro método que las donaciones para poblar su territorio y especialmente la frontera. Eran pocas las fuerzas de que disponía para detener al aborigen rebelado en tres frentes, que para peor, eran muy dilatados. La policía y la organización judicial resultaban deficientes para hacer respetar el derecho a crearse» (2).

Contribuciones extraordinarias, acuñación de moneda y empréstitos forzosos
A mediados de 1812, todavía bajo el influjo del fuerte golpe sufrido en Huaqui, el gobierno revolucionario establece una contribución extraordinaria sobre la capital, para sufragar las apremiantes necesidades del Estado.

A este objeto, se invoca el desinterés de los habitantes, recordándoles que sin su concurso financiero, «sería evidente la muerte de la patria».

El total de la contribución fue de 638.030 pesos, distribuida en la siguiente forma entre los gremios y vecinos: Comerciantes, tenderos y artesanos, incluyendo a los extranjeros: $ 228.000;Vecinos propietarios: $ 163.579; Almaceneros, pulperos, etc.: $ 100.000; Panaderos: $ 37.200; Sobre el trigo: $ 40.000; Boticarios y drogueros: $ 3.000; 4 reales sobre cada res vacuna de consumo: $ 54.250; Cafés, billares, confiterías, hosterías, fondas, pastelerías y chocolaterías: $ 12.000 (3)

Después de la victoria de Salta, que trajo como consecuencia la reconquista de parte del Alto Perú, la Asamblea del año 13 mandó labrar monedas de plata y oro con nuevos cuños.

Por una parte debía estamparse el sello de la Asamblea con la siguiente inscripción: «Provincias del Río de la Plata» y, por el otro, un sol con la leyenda: «en unión y libertad». En las monedas de oro se agregaban trofeos militares.

En los comienzos, el público se dispuso a obstruir la circulación de la nueva moneda, ya sea por razones de orden político o económico, por lo que el gobierno dictó un nuevo decreto estableciendo penas para los que se resistían a recibirla.

En julio de 1813, la Asamblea decretó un empréstito forzoso con el objeto de construir y armar la marina de guerra. Según este mandato, los capitalistas debían anticipar la suma de quinientos mil pesos por vía de préstamo. A cada prestamista se le entregaba un pagaré con el sello del Estado y firmado por el gobierno.

Después de dos meses, los pagarés serían admitidos en pago de deudas y luego de seis, se recibirían como si se tratara de dinero efectivo. Al año cumplido, debían pagarse a la vista. «Esta ley es notable, porque contiene el verdadero germen de una moneda de papel, o papel moneda y fue el embrión de la circulación fiduciaria que juega un papel tan importante y tan interesante en la evolución argentina» (4).

Creación de la Caja de Fondos de Sud América
A fines de 1818 se creó la Caja do Fondos de Sud América, que fue la base de las instituciones bancarias del país. La caja tenía un capital de tres millones de pesos, y recibía en depósito, billetes de amortización o documentos y certificados de tesorería, pagándose un elevado interés.

A cambio de estos depósitos, se entregaban certificados, que eran títulos de deuda permanente, pues nada se establecía sobre su amortización. Como se ve, el fin de esta medida, fue reunir y consolidar los numerosos documentos que el gobierno había firmado a los particulares en los empréstitos forzosos, transformándolos en una deuda a largo plazo.

La Caja de Fondos de Sud América fue suprimida en 1821 y al año se fundó el Banco de Descuentos. La exportación e importación de frutos y la pobreza de las provincias (5):

Las provincias del Virreinato habían desarrollado sus riquezas e industrias propias, pero con la apertura del Puerto de Buenos Aires, el interior sufrió un golpe formidable, pues sus manufacturas no pudieron resistir la competencia de precios con sus similares extranjeras.

La industria vitivinícola de las provincias de Cuyo colapsó violentamente, porque sus vinos no llegaban a los mercados del litoral, donde se consumían los vinos extranjeros a precios más reducidos, lo mismo que le ocurrió a la industria del arroz que se producía en Tucumán, enormemente perjudicada por la competencia que en ese rubro le hacía la industria brasileña.

Otra provincia que vió también afectada su economía, basada principalmente en la industria azucarera, fue la de Jujuy, que casi al borde de desaparecer, tuvo un respiro, cuando en 1817, el Obispo JOSÉ EUSEBIO COLOMBRES fundó en Tucumán la industria azucarera. Las manufacturas de tejidos de Córdoba, Catamarca y Corrientes, fueron fácilmente desalojadas por los géneros ingleses.

En cambio, Buenos Aires y el litoral asistieron al proceso de valorización de los frutos ganaderos. En 1812, el gobierno declaró libre de derechos, la exportación de carnes, y por virtud de esta medida, el negocio de los saladeros, adquirió enorme vuelo.

«Ocurrió entonces que lo más importante del novillo fue la carne y hubo que discutir si la seguirían co­miendo gratis los gauchos del litoral o si debía ser vendida en provecho de los hacendados, a los propie­tarios de esclavos del Brasil, África y Antillas».

El sistema de cazar vacas sin otro cargo que el de en­tregar los cueros al propietario de la estancia, iba a ser substituido por el de trabajar algunos meses en el saladero y comprar con el jornal la carne que se pudiese, al precio marcado por los consumidores del extranjero.

«La salazón de carnes era empresa de capitalistas y no se pensó reconocer a los gauchos como socios» (6) Con los años, se hizo evidente el alza inusitada en los precios de la carne, al punto de que JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN, durante la administración del directorio, declaró el cierre de los saladeros.

La frontera y los indios
 El problema de los indios y de su penetración en los territorios colonizados por los españoles, había preocupado seriamente durante toda la época colonial (7).

El problema con los aborígenes
«El acrecentamiento de la población, hizo indispensable la adopción de medios de defensa adecuados. En 1822 el doctor López calculaba en 74.000 almas la población rural al sur de Buenos Aires y mientras los cristianos mos­traban este creciente desarrollo, en sentido contrario se encontraban las tribus errantes.

De estas situaciones diversas nacían encontrados intereses: por una parte los blancos invadían lentamente el desierto, se apropiaban del territorio y fundaban establecimientos permanentes.

Por otra, los indios iban retirándose como empujados por esta invasión lenta pero continua. Los indígenas resistían este movimiento por medio de las hostilidades, porque esos ataques rápidos producían el malestar y la inseguridad.

El indio no encontraba en la pérdida de sus agrestes soledades ninguna utilidad, permanecía en la misma condición y se veía forzado a emigrar, empujándolo siempre y empujándolo violentamente fuera de los sitios en los cuales había nacido, vivido y gozado de la libertad salvaje de la vida vagabunda y ociosa.

El instinto le aconsejaba hostilizar a los cristianos que iban avanzando, poblando y apropiándose de aquellas tierras incultas y feraces. La hostilidad es la guerra y la del indio continuó, pues, aprovechándose de la anarquía del país y de que el gobierno, apremiado por otras necesidades, no podía enviar todos sus recursos a la frontera, repetía impunemente sus depredaciones, instigado más de una vez por tránsfugas cristianos

En 1776, el clamor de los hacendados había sido escuchado por los virreyes, quienes dictaron medidas para garantizar sus bienes. El VIRREY MELO de Portugal, comisionó a FÉLIX DE AZARA para que efectuara un estudio sobre las fronteras, a objeto «de contener las repetidas hostilidades de los indios bárbaros».

Consideraba Azara que no era necesario aumentar el número de fuertes y fortines de la frontera y estimaba que el único medio eficaz para asegurar la tranquilidad de las poblaciones era el de repartir las propiedades». (recordemos que en esos días la población rural en esos territorios era de 12.925 habitantes) (8).

El primer gobierno patrio, no obstante las numerosas y urgentes cuestiones que debía resolver, enfrentó con toda inteligencia, este arduo problema. En el Archivo General de la Nación existe un decreto, de puño y letra de Moreno, encargando al coronel PEDRO ANDRÉS GARCÍA que se pusiera al frente de una expedición con destino a la frontera.

Se consigna en el documento que el objeto de esta comisión no era puramente militar, sino también económico, debiéndose proponer los medios conducentes a la distribución de las tierras y su colonización.

El coronel García produjo un informe a fines de 1811, manifestando que los fuertes no desempeñaban función alguna, ya que la población se había extendido ya desde veinte hasta sesenta leguas más al sur y proponía para evitar la situación indefensa en que se encontraban tantos pobladores, que se llevara a cabo el trazado de una nueva línea de frontera.

En ese mismo año, numerosos caciques habían sido recibidos en Buenos Aires por el Triunvirato, como demostración de que el nuevo gobierno, se disponía a mantener relaciones pacíficas con los aborígenes.

Otros estudios posteriores se llevaron a cabo por el mismo coronel García y todos coinciden en la necesidad de establecer la frontera sobre los ríos Colorado o Negro (9).

(1). «De Nuestra Historia», Revista mensual de historia americana, Nº 1; (2). Miguel Ángel Cárcano, «Evolución histórica del régimen de la tierra pública», pág. 34, Buenos Aires, 1917; (3). «La moneda argentina», por E. Hansen, pág. 144, Buenos Aires, 1916;  (4). «La moneda argentina»; por E. Hansen obra citada, pág. 163; (5). Ver en Tomo I. de «Lecciones de Historia Argentina»; (6). «Estudio sobre las guerras civiles argentinas», por J. Álvarez, pág. 98, Buenos Aires, 1914; (7). Tomo I. de las «Lecciones de Historia Argentina»;  (8). «Diario del reconocimiento de las guardias y fortines que guarnecen la línea de fronteras de Buenos Aires», de Félix de Azara y el Tomo V de la «Colección de obras y documentos relativos a la historia del Río de la Plata», de Pedro De Ángelis, pág. 53;  (9). Vicente G. Quesada, en la Revista de Buenos Aires, Tomo V, pág. 197).