LEY DE RESIDENCIA (22/09/1902)

Fue aprobada por el Congreso Nacional la llamada “Ley de Residencia” que autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar del país a todo extranjero que perturbara el orden público y el Ministro del Interior JOAQUÍN V. GONZÁLEZ anuncia que la Ley sólo  se dirige contra los agitadores y anticipa la promulgación de una ley más amplia, que contemplará el conjunto de los problemas de los trabajadores.

Esta ley de carácter represivo fue la respuesta que el Gobierno y los patrones de empresas dieron a las luchas obreras surgidas desde fines del siglo XIX en todo el país. Se inspiraba en un proyecto elaborado en 1899 por el escritor MIGUEL CANÉ y disponía la salida del territorio “a todo extranjero por crímenes o delitos de derecho común” y de “todo extranjero que comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. Como delito se interpretaba cualquier movimiento de protesta o de petición colectiva y aun la actitud pasiva de la huelga, usada como recurso de defensa. Las pocas voces críticas argumentan que la distinción entre nativos y extranjeros es inconstitucional. La Ley es acompañada con la declaración del “estado de sitio”.

Con la llegada de los primeros inmigrantes se había producido un profundo cambio en las relaciones laborales del país ya que muchos de ellos pertenecían a movimientos anarquistas o socialistas que tenían conciencia del valor de su trabajo y de su dignidad como personas. La mayor parte de la clase dirigente veía como una amenaza a sus intereses económicos las reivindicaciones de salarios o limitaciones de horario en el trabajo. A partir de 1901 las huelgas de obreros se multiplicaron y fueron protagonizadas por muchos gremios, entre ellos los de panaderos, estibadores del puerto de Buenos Aires y Rosario y peones del Mercado Central. Los reclamos iban dirigidos a aumentar los magros salarios que no cubrían ni siquiera las necesidades básicas, a limitar los horarios de trabajo y a lograr tiempo de descanso.

Como consecuencia de la Ley de Residencia, que estuvo en vigencia hasta 1958, se ejerció una persecución policial sobre los dirigentes obreros, anarquistas y socialistas y muchos de ellos fueron detenidos y deportados. La aplicación de esta Ley, resultó en que, antes de fin de ese año, unos sesenta militantes anarquistas, con sus familias, fueron expulsados a Génova o Barcelona

2 Comentarios

  1. rodriguez lucinda ines

    muy adecuada información me fué muy útil

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  2. Anónimo

    Me sirvio la informacion.precisa y clara

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