Autor: Horacio 12/11/2026 0 Comentarios

El 4 de enero de 1878, el General JULIO ARGENTINO ROCA que se desempeñaba como Comandante de la Frontera Sur y Sudeste de Córdoba con jurisdicción en Mendoza y San Luis, es nombrado Ministro de Guerra por el Presidente NICOLÁS AVELLANEDA y como, tal debe presentar un proyecto que permita finalizar exitosamente la lucha territorial que se sostenía en esos días con los aborígenes al sur de la provincia de Buenos Aires.

Para ROCA, que ya había expresado su oposición a la estrategia adoptada por su antecesor, el doctor ALSINA, la presencia indígena era una amenaza directa a la soberanía territorial y un obstáculo para el progreso económico. Sostenía una postura de asimilación forzosa y subordinación militar total y opinaba que al indio había que atacarlo no con fortines y zanjas, como proponía éste, sino con ejércitos móviles.

 

Atacarlo a fondo, eliminarlo. Su enfoque se centró en la eliminación de las fronteras internas, justificando el uso de la fuerza para incorporar las tierras al control del Estado  y a este respecto decía: “A mi juicio, el mejor sistema para concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o arrojándolos al otro lado del río Negro, es el de la guerra ofensiva que es el mismo seguido por Rosas”. Por eso ALSINA había deja de consultarlo y comenzó a retirarle la tropa que ROCA tenía a su cargo en Río IV (ver Alsina, Roca y la Campaña al Desierto)

El 14 de agosto de 1878 AVELLANEDA envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación pidiendo los fondos para que ROCA ejecutara su plan de ofensiva directa, diciendo: “Hasta aquí hemos defendido nuestras propiedades urbanas y rurales con líneas de fortines que no han resguardado la vida de los ciudadanos contra las invasiones súbitas. Es necesario ir a buscar al indio en su propio nido para destruirlo o someterlo. La presencia del salvaje en nuestras fronteras es un insulto a nuestra civilización y un obstáculo insuperable para el desarrollo del comercio y de la riqueza nacional”.

La orden de avanzar militarmente se formalizó jurídicamente con la sanción de la Ley 947 en octubre de 1878, una norma que no utilizaba eufemismos; autorizaba explícitamente el uso de la fuerza para desplazar la frontera nativa. Establecía de manera taxativa el traslado de la frontera interior de la República hasta la margen de los ríos Negro y Neuquén. Asignaba la suma de 1.600.000 pesos fuertes para sufragar los gastos de la campaña militar (compra de armas como los modernos fusiles Remington, caballada y logística) y autorizaba la venta previa de las tierras americanas que se iban a conquistar mediante la emisión de bonos públicos, asegurando que el avance militar tuviera el respaldo financiero de la élite terrateniente.

En enero de 18979, antes de que los efectivos asignados a ROCA partieran hacia el sur, el Presidente AVELLANEDA emitió una proclama destacando que la lucha dejaba atrás etapas oscuras para abrir paso al progreso económico y a la ocupación efectiva del desierto y que para ello, era necesario neutralizar de forma total la capacidad de acción de las tribus de la región pampeana y norpatagónica, terminando de raíz con los ataques a poblaciones civiles, el robo de ganado y la destrucción de propiedades. Y así fue como ROCA quedó habilitado para hacer lo que hizo, coincidiendo quizás con alguna que otra opinión, o contraviniendo, otras que no aprobaron su proceder.

Estuvieron a favor de Roca
Quienes respaldaron e impulsaron el plan de ROCA pertenecían principalmente a la élite política, militar y económica de la época, nucleada en torno al Estado nacional y las clases terratenientes. Eran los sectores agroexportadores, que defendieron con entusiasmo la ofensiva ya que para ellos, la incursión militar era fundamental para incorporar millones de hectáreas a la producción ganadera, terminar con los malones y garantizar la propiedad privada de la tierra y los oficiales del ejército, que elogiaban la modernización táctica que propuso ROCA, el uso de tecnología avanzada para la época (como el telégrafo y los fusiles Remington) y la idea de atacar directamente las bases de operaciones de las comunidades indígenas en lugar de esperarlas en la frontera.

También estuvieron a favor de su proceder Nicolás Avellaneda: Su gobierno consideraba que la estrategia anterior era costosa, ineficiente y que la soberanía nacional requería un control efectivo y urgente de la Patagonia ante posibles reclamos de Chile; Estanislao Zeballos. Destacadísimo intelectual, jurista y escritor. Por encargo del propio Ministerio de Guerra de Roca, escribió en 1878 su famosa obra “La conquista de quince mil leguas”, un libro que funcionó como el principal manual de propaganda ideológica y científica que justificaba la urgencia de la ofensiva militar bajo premisas de soberanía geopolítica, geografía y progreso económico. Adolfo Doering y otros intelectuales y científicos europeos radicados en el país (como los de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba) acompañaron físicamente las divisiones militares de Roca. Su objetivo era relevar la flora, la fauna y la geología del sur argentino, otorgándole a la campaña un marco de legitimidad científica bajo la premisa de que se estaba «iluminando» un territorio previamente inexplorado.

Álvaro Barros. Diputado nacional (y primer gobernador de la Gobernación de la Patagonia). Fue uno de los mayores estrategas teóricos que defendió la necesidad de poblar el sur. Si bien originalmente promovía un trato pacífico con el indígena, respaldó políticamente el avance militar definitivo del Estado nacional para consolidar las fronteras frente a Chile.

Manuel Quintana. Diputado y futuro presidente de la Nación. Defendió con fervor la legalidad del financiamiento y argumentó que el gasto militar estaba plenamente justificado por el valor económico de los millones de hectáreas que se incorporarían a la producción de la República. Santiago Cortínez. Diputado que operó como miembro informante de la comisión que aprobó el presupuesto para el Ministerio de Guerra de Roca, argumentando que la ofensiva agresiva y simultánea ahorraría al Estado recursos a largo plazo, a diferencia del eterno e ineficiente gasto de sostener la línea de fortines de la frontera tradicional.

Bartolomé Mitre: Adhería a la teoría de la inevitabilidad histórica de la desaparición de las culturas nativas frente al avance de la civilización y compartía el pensamiento que veía al indígena como un elemento atrasado que bloqueaba el avance de la civilización eurocéntrica. En 1855 impulsó campañas militares previas y consideraba que el sometimiento o el repliegue de las comunidades originarias era un paso inevitable para la unificación y pacificación de la República Argentina.

Domingo Faustino Sarmiento. Aunque mantuvo una relación personal y política sumamente conflictiva y oscilante con ROCA, Sarmiento coincidía plenamente con el núcleo ideológico de la campaña. Desde sus escritos e intervenciones intelectuales, justificó la asimilación o el sometimiento de las poblaciones indígenas por considerarlas un obstáculo para el triunfo de la cultura occidental y el progreso material del país. La postura de DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO frente a los pueblos originarios, sintetizada en su dilema de «civilización o barbarie», compartía el clima de época de la consolidación del Estado nacional, aunque existían con diferentes matices, importantes contradicciones y visiones alternativas entre sus contemporáneos. Mientras algunos justificaban la vía militar, otros proponían la integración o criticaban la violencia del proceso.

SARMIENTO fue uno de los que expresaba un fuerte rechazo hacia los pueblos originarios, manifestando en sus escritos una postura favorable a su eliminación por considerarlos un obstáculo para el progreso y la civilización, cuestionando incluso a figuras históricas como Lautaro y Caupolicán.

Es oportuno recordar aquí que durante su exilio en Chile, escribiendo para el diario chileno “El Progreso” (que él dirigía), publicó algunos de sus artículos más crudos y polémicos respecto a las comunidades originarias. La cita más célebre y radical de ese período fue publicada el 27 de septiembre de 1844 en ese medio y años más tarde, reproducida en el diario argentino El Nacional): “¿Lograremos exterminar los indios? […] Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño…”

Una posición que volverá a exponer en 1861, en una carta que le escribió a BARTOLOMÉ MITRE, donde dice textualmente: «No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos”.

Para comprender las razones de una postura tan crítica y “criticable” de SARMIENTO, será necesario tener en cuenta que en esos años (1840), era uno de los pilares ideológicos en boga, la invisibilidad de nuestro pasado indígena (tal fue la línea argumental de su obra cumbre, “Facundo: Civilización y Barbarie” (1845). Se buscaba desmitificar a los líderes nativos para evitar que la identidad nacional se cimentara en lo que consideraba un símbolo de atraso. SARMIENTO estaba convencido de que los indígenas eran refractarios a la educación y a la vida republicana debido a determinismos biológicos y culturales y proponía ocupar el territorio mediante el desplazamiento de los nativos para facilitar la llegada de población de colonos.

Juan Bautista Alberdi: Aunque compartía la idea de que la inmigración europea era el motor del progreso, criticó duramente la violencia y el militarismo de las campañas de Buenos Aires. “Gobernar es poblar”, decía,      “pero poblar con gente civilizada, no destruir la población existente para hacer un desierto. Se comete un crimen en nombre del progreso cuando la espada reemplaza al comercio y a la escuela». Argumentaba que la verdadera civilización no se construía mediante el exterminio del elemento nativo, sino a través de las leyes, el comercio y la educación, cuestionando los métodos de exterminio de las presidencias de MITRE y SARMIENTO.

Criticó mordazmente el uso de la violencia armada del Estado central, argumentando que la barbarie estaba en el método militar y no en los nativos y en sus “Escritos Póstumos”, criticando la política violenta de Buenos Aires (con una clara indirecta al dilema “sarmientino”) dijo: “¿Qué es la civilización sino el respeto a la vida, a la propiedad y a los derechos de todos? Cuando el Estado hace la guerra de exterminio en nombre de la ley, esa ley es la lanza perfeccionada del salvaje”.(ver La Campaña al desierto del General Roca).

En contra de Roca
La oposición a su estrategia provino de sectores políticos disidentes, corrientes humanitarias y de la prensa de la época, además de la evidente resistencia de las naciones originarias. Adolfo Alsina fue su principal opositor y luego de su muerte, lo fueron sus seguidores y sus partidarios que preferían una estrategia de avance gradual y asimilación pacífica de las fronteras mediante tratados. Criticaban la velocidad y la violencia de la opción ofensiva por considerarla un gasto innecesario de vidas y recursos; Diversas publicaciones periodísticas como el Diario “L Nacional”, criticaron los métodos expeditivos de la campaña. Hubo voces que cuestionaron el trato humanitario brindado a las poblaciones capturadas, señalando las penosas condiciones de los traslados a Buenos Aires, el desmembramiento de familias indígenas y el sometimiento a trabajos forzados y como es obvio, los líderes de las comunidades originarias: Jefes como NAMUNCURÁ o PINCÉN rechazaron activamente la ofensiva estatal. Desde su perspectiva, el plan de Roca no buscaba una convivencia ni el respeto a los tratados firmados previamente, sino el sometimiento absoluto, el despojo territorial y el exterminio de su modo de vida tradicional.

Lucio Victorio Mansilla. Militar y brillante escritor, autor de Una excursión a los indios ranqueles (1870), una obra donde humanizó al indígena, demostrando que poseían leyes, moral y cultura ofreciendo una visión única y mucho más humanista “del salvaje”. «Yo he aprendido más de mi tierra yendo a los indios ranqueles, que en diez años de despestañarme, leyendo opúsculos, folletos, gacetillas, revistas y libros especiales».

A través del trato directo y la diplomacia, Mansilla percibió la cultura, la lógica política y la humanidad de los pueblos originarios y si bien justificaba la ocupación como civilizadora, describiendo los campos como “desiertos que piden brazos y trabajo”, cuestionó duramente la idea de que la «civilización» tuviera el derecho moral de destruir esas civilizaciones mediante la violencia militar sistemática, aunque creía en la inevitabilidad de su avance.

Si bien pertenecía a la élite militar y respondía a los intereses del Estado, criticó los prejuicios de la élite porteña y demostró que la convivencia y el diálogo pacífico eran alternativas viables a la guerra. Su profunda experiencia conviviendo con las comunidades nativas lo convirtió en un crítico sutil pero feroz del pensamiento de la época.

José Hernández. El célebre autor del Martín Fierro. A través de su labor periodística (en medios como el diario El Río de la Plata) y la evolución de su propia obra cumbre (especialmente en La vuelta de Martín Fierro, publicada justamente en 1879), Hernández expuso las contradicciones morales del Estado argentino. Criticó con dureza el uso del gaucho como «carne de cañón» en los fortines de la frontera y denunció cómo la violencia de la guerra degradaba éticamente tanto a los perseguidos como a los perseguidores.

Aristóbulo del Valle. Senador nacional y una de las voces más críticas de los métodos expeditivos del “roquismo”. DEL VALLE cuestionó severamente los aspectos morales de la campaña, atacando la «crueldad» del reparto de prisioneros indígenas en Buenos Aires como sirvientes y peones, denunciando en pleno recinto parlamentario que el Estado estaba restableciendo la esclavitud de hecho al desmembrar familias y despojar a los sobrevivientes de sus derechos humanos básicos.

Nicasio Oroño. Senador santafesino. Se opuso tenazmente a la ley de tierras porque consideraba que el financiamiento propuesto beneficiaría exclusivamente a la especulación financiera de los grandes terratenientes de Buenos Aires. Su postura abogaba por una colonización basada en pequeñas parcelas para inmigrantes y agricultores, en lugar de grandes latifundios otorgados a la élite militar y económica

Y si nos referimos a lo que opinaban acerca de este tema los intelectuales de la época, recordemos que la denominada «Generación del 80» y las corrientes intelectuales del momento se dividieron entre la visión positivista del «progreso moderno» y el cuestionamiento ético-humanitario a los métodos violentos.

Discurso de Nicolás Avellaneda ante el Congreso de la Nación (1878) al defender el financiamiento de la Campaña del Desierto de Roca:
“Sellar la paz definitiva de las fronteras por el único medio eficaz, que es extirpar el mal en su misma raíz… Encontramos la solución en la sumisión o destrucción de esas hordas salvajes, que retrasan el progreso de nuestra República».

 Editorial en el diario La Nación (1878):
«¿Lograremos exterminar los indios? (…) La marcha de la civilización no puede detenerse ante la presencia de tribus bárbaras. El suelo argentino es para la civilización, y las razas salvajes que lo ocupan deben someterse a sus leyes o desaparecer ante su empuje inevitable».