Autor: Horacio 19/08/2016 3 Comentarios

La Asamblea del Año XIII prolífica en leyes, también legisló en materia religiosa y tomó diversas medidas vinculadas con el régimen eclesiástico y el tema  volvió a ser motivo de atención de las autoridades, durante el gobierno de MARTÍN RODRÍGUEZ en 1822.

Las crónicas de aquellos tiempos nos dicen que después de los sacudimientos producidos por la revolución de Mayo, se concibió la idea de dar a Buenos Aires,  una existencia firme y estable y para ello, se decidieron algunas reformas en las estructuras que se habían heredado del gobierno colonial.

Se comenzó con las vinculadas con el cuerpo Legislativo, siguiéndose luego con las referidas al Ejecutivo, concretándose así  rápidamente las reformas que eran necesarias en los ámbitos civil y militar, quedando pendiente el estudio de las que se consideraban fundamentales, como eran los cambios que se imponían en el régimen eclesiástico, como ya lo había considerado anteriormente la Asamblea del Año XIII, cuando introdujo varias reformas en ese fuero.

En 1822, la reforma eclesiástica propuesta durante el gobierno de MARTÍN RODRÍGUEZ, por inspiración de BERNARDINO RIVADAVIA, fue  reputada como una necesidad imprescindible: se citaban abusos y aun corruptelas en ese ámbito, y eran unánimes las voces que se alzaban para poner fin a esta situación.

El análisis de la situación aconsejaba la aplicación de una serie de medidas y la reforma de innumerables aspectos vinculados con la actividad eclesiástica,  pero, por recomendables que fuesen las medidas a tomar, se temía una fuerte oposición.

Y así fue: aunque la mayoría reconocía que eran necesarios algunos cambios en lo que había sido secularmente aceptado, muchos opinaban que más que reformas, las propuestas eran verdaderas supresiones de derechos adquiridos. Otros opositores sostenían  que las faltas y errores “presuntamente cometidos durante siglos, pero aceptados por la autoridad”, debían desaparecer paulatinamente por acción de la misma Iglesia.

La controversia agitó hasta sus cimientos a la sociedad y la supresión de los monasterios en 1822, suscitó acres discusiones, agravando aún más la situación.

 Aún entre los que aprobaban la reforma, existían recelos y parecían dispuestos más bien a que el mal siguiera, antes que provocar un conflicto con el Vaticano.

El Gobierno debió sentirse fuerte, según lo revelan  los escritos de aquellos tiempos, cuando se resolvió a reformar comunidades tan influyentes, teniendo que luchar, hasta contra las preocupaciones de los que habían envejecido, en el antiguo estado de cosas.

Entre los frailes había hombres de vastos conocimientos y aun cuando existía una hostilidad marcada contra la comunidad clerical, no.se extendía a ellos, personal e individualmente ya que por el contrario, eran bien recibidos en todos los ámbitos  y obsequiados con largueza por las mejores familias.  Santo Domingo tenía en 1822, en la época de la reforma, 48 frailes dominicos y la Iglesia de la Merced , 45 mercedarios..

Y fue la mano firme de Rivadavia, lo que permitió que finalmente en noviembre de 1822, fuera sancionada la Ley de “Reforma General del Orden Eclesiástico” por medio de la cual fue abolido el fuero eclesiástico o privilegio que tenían los miembros de la iglesia, para ser juzgados por tribunales propios y a partir de esa Ley, quedaron sujetos a la justicia ordinaria.

También se suprimió el “diezmo” o impuesto destinado al sostenimiento del culto y se obligaba a las organizaciones eclesiásticas, a rendir cuentas de sus bienes al Estado.

Se les prohibió a los religiosos hacer votos antes de los veinticinco años y fue limitado a un máximo de 30 y un mínimo de 16, el número de sacerdotes en cada convento. Fueron suprimidas las congregaciones “betlemitas”, “recoletos” y “mercedarios”, cuyos bienes muebles e inmuebles, pasaron a poder del Estado.

El Convento de la Recoleta, fue habilitado para ser usado como Cementerio y pasó a la jurisdicción del gobierno, el “Seminario Conciliar”, transformado en el “Colegio Nacional de Estudios Eclesiásticos”.

Aunque estas medidas, todas revolucionarias para esa época, contaron con la aprobación de prestigiosos sacerdotes (FUNES, ZAVALETA, VALENTÍN GÓMEZ, etc.), no tardaron en provocar una tenaz oposición, debido particularmente al espíritu religioso que predominaba entonces entre la población, contándose entre los más decididos adversarios de la reforma, fray CAYETANO RODRÍGUEZ y fray FRANCISCO DE PAULA CASTAÑEDA, este último pluma filosa, que usaba la prensa que difundir sus opiniones.

Y no todo quedó en palabras, discursos y manifestaciones callejeras. Los disconformes se agruparon alrededor del doctor GREGORIO TAGLE, ex ministro de JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN y de los coroneles RUFINO BAUZÁ y PEDRO VIERA y prepararon una revolución que estalló en la madrugada del 20 de marzo de 1823, estando RIVADAVIA a cargo del gobierno, mientras MARTÍN RODRÍGUEZ se hallaba en la campaña.

Después de una breve, pero encarnizada lucha, esta asonada “político-religiosa” fracasó y los conjurados tuvieron que huir a buscar refugio, hasta que se tranquilizara el ambiente (ver Expropiación de los bienes del Santuario de Luján).