Autor: Horacio 11/09/2016 1 Comentario

La Primera Junta de Gobierno, establecida luego del triunfo de la Revolución de Mayo, dispuso que el coronel FRANCISCO ANTONIO ORTÍZ DE OCAMPO partiera hacia el norte, con la misión de sumar a las provincias a dicho movimiento.

Después de asumir el gobierno la Primera Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, decidió dar cumplimiento al pedido que le había hecho el pueblo en el escrito presentado al Cabildo en la tarde del mismo día 25 de Mayo, proponiéndole enviar una expedición militar a las provincias, para auxiliar a sus hermanos del interior, sumándolos al movimiento que el 25 de mayo de 1810, había depuesto al virrey Cisneros.

Para ello, el  14 de junio, remitió una nota al coronel FRANCISCO ANTONIO ORTIZ DE OCAMPO, creador del batallón de “Arribeños” (el mismo que apoyó con el de “Patricios”, ese movimiento revolucionario), comunicándole que había sido nombrado “Comandante general de la expedición al interior”, para que, como tal, “procediese inmediatamente a acordar con los demás coroneles, las compañías que debieran alistarse, y apurar los preparativos para que dentro de tres días estuviesen en disposición de marchar”.

Era tan grande el entusiasmo por la partida de esta expedición, que  todos los vecinos se prestaron a colaborar para su sostenimiento, distinguiéndose especialmente un grupo de damas (cuyos nombres fueron publicados en la “Gazeta”), con donativos en dinero, ropa, alimentos, etc.,

Recordemos a este respecto, las palabras con las que el vecino JOSÉ PEREIRA DE LUCENA despidió a su hijo Felipe, teniente de la séptima compañía del “Real batallón de artillería volante”: “Anda con mi bendición hijo, socorre a tus hermanos, y por ellos muere en el campo de la libertad, si es necesario”.

El jefe de la “Expedición Auxiliadora”, llevaba ins­trucciones severas “de sofocar toda especie capaz de comprometer el concepto de fidelidad que animaba a la Junta, guardar sus justos derechos al soberano e intimar al gobernador y Cabildo de Córdoba para que dejasen obrar libremente al vecindario en la elección de su diputado”.

Estando en conocimiento de la Junta,  el complot que estaba preparando el gobernador de Córdoba, el brigadier general español JUAN GUTIÉRREZ DE LA CONCHA, en connivencia con SANTIAGO LINIERS y el obispo de aquella ciudad, RODRIGO DE ORELLANA, VICTORINO RODRÍGUEZ, SANTIAGO DE ALLENDE y JOAQUÍN MORENO, con el propósito de oponerse al cambio de gobierno surgido en mayo de 1810 en Buenos Aires, le ordenó a OCAMPO que se dirigiera de inmediato a Córdoba y envió una circular a los gobernadores, intendentes y Cabildos de Salta, La Paz, Cochabamba, La Plata, Potosí, y a los Cabildos de San Luis, Mendoza, San Juan, Santa Fe, etc.,

En ella, les aconsejaba «no prestarse a esa seducción criminal, y mirar con indiferencia los riesgos interiores y exteriores que los amenazaban, siendo así que todos obedecían a un mismo rey”.

El 27 de julio, para asegurar la tranquilidad de las provincias, se nombraron Comandantes de armas en diversos puntos del interior, se envió a Mendoza, en comisión militar, al teniente coronel Juan Bautista Morón, del regimiento N° 3, llamado de “Arribeños.

Y en todas las direcciones se enviaron circulares dando órdenes de perseguir a los reaccionarios de Córdoba, detenerlos y remitirlos a la capital, bajo la más segura custodia, a fin de libertar a los pueblos del vergonzoso yugo que dichos reaccionarios o conspiradores les imponían, entre los cuales, además de los tres citados, figuraban también el teniente gobernador RODRÍGUEZ, el alférez  real MORENO y el coronel ALLENDE

Al día siguiente, 28 de julio, la Junta Gubernativa de Buenos Aires dictó la sentencia de muerte contra los conspiradores, acusados por la notoriedad de sus delitos y condenados por el voto general de todos los buenos ciudadanos, ordenando fueran ejecutados en el momento mismo de ser aprehendidos.

El 6 de agosto de 1810, fueron hechos prisioneros SANTIAGO DE LINIERS y los demás insurrectos y el 26 de agosto de 1811 fueron fusilados en un lugar llamado Cabeza del Tigre o Cruz Alta, en la provincia de Córdoba, salvándose solamente el obispo DE ORELLANA, debido a su carácter sacerdotal (ver Fusilamiento de Liniers y otros complotados).

Este castigo, que la historia ha juzgado excesivo, fue considerado, sin embargo, por la mayoría del pueblo y funcionarios de aquella época, como el hecho que dio estabilidad al nuevo sistema y una lección para las autoridades del Alto Perú. Al pie de esta sentencia de muerte, aparecen las firmas de todos los integrantes de la Primera Junta, menos la de MANUEL ALBERTI, quien no quiso “unir su nombre a ese documento que ordena tan extrema resolución”.

Luego de este hecho tan desgraciado de nuestra historia, la Junta ordenó continuar la marcha de esta Expedición hacia las demás provincias del norte que componían el virreinato, sin omitir sacrificio con tal de dotar a la misma con las máximas seguridades para el cumplimiento de su misión: salvaguardar los intereses, especialmente de esas provincias, amenazadas por el inminente ingreso de tropas españolas,  decididas a derrotar la insurgencia producida en Buenos Aires.

La marcha del Ejercito Auxiliador continuó entonces decididamente hacia el norte y el 27 de octubre de 1810, el coronel ANTONIO GONZÁLEZ BALCARCE al mando de su vanguardia, compuesta por solamente 300 hombres, tomó contacto con el enemigo por primera vez y lo venció en Cotagaita.

Se dirigió luego con el resto de las fuerzas hacia los campos de Suipacha, donde, por orden del representante de la Junta que los acompañaba, DOMINGO CASTELLI, esperó la llegada de refuerzos.

Llegados finalmente éstos, el 7 de noviembre de ese año, volvió a derrotar a los realistas en la célebre batalla de Suipacha, cumpliendo así, la primera etapa del camino que conduciría hacia la victoria final sobre los realistas (ver Instrucciones de la Primera Junta al Ejército Auxiliador)