Autor: Horacio 09/11/2026 0 Comentarios

Mucho se habla del “genocidio” de la Campaña al Desierto comandada por el General JULIO ARGENTINO ROCA y quienes así lo hacen, prefieren evitar cualquier referencia a las circunstancias y sucesos que justificaron la realización de una gesta, que si bien no nos enorgullece, fue impuesta por la necesidad de lograr una integración territorial que se nos negaba en nuestro pasado.

La política, la famosa “grieta” que desde su pasado, impide la unión armónica y constructiva de los argentinos y por último, las injustas conclusiones de una militancia feroz, han hecho que el relato de muchos episodios de nuestra Historia hayan sido adecuados a una verdad, que no es la realidad.

ROCA encarna la imagen más representativa del liberalismo conservador, el laicismo de Estado y el centralismo pragmático. Como líder central de la “Generación del ‘80” y principal referente del “Partido Autonomista Nacional”, articuló un modelo de país basado en su célebre lema «Paz y Administración». Su identidad política es indisociable del rol que pretendió atribuírse como «constructor» de un Estado nacional moderno y de los métodos oligárquicos y excluyentes con los que consolidó el poder.

Fueron sus opositores más frontales, ya que impugnaban directamente la legitimidad del régimen “roquista” acusándolo de estar basado en el fraude electoral, LEANDRO ALEM, HIPÓLITO YRIGOYEN y BARTOLOMÉ MITRE y confrontó por sus ideas, métodos y resoluciones con referentes de la Iglesia Católica, del Movimiento Obrero y Socialista, de los anarquistas y con personajes de peso de la política y de la intelectualidad de aquella época: José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Juan B. Justo entre otros.

Con semejantes adversarios y tantos motivos como los que dio ROCA para el disenso, es lógico esperar la descalificación de sus méritos, aún a costa de ser injustos y de tergiversar una realidad que nadie puede descartar a la hora de emitir un juicio:

ROCA, antes que político era militar y cuando recibió la orden que le impartiera NICOLÁS AVELLANEDA, de “terminar con el problema indio”, hizo lo único que cabe en la cabeza de un militar: vencer al enemigo.  Su formación lo habilitaba para definir una táctica e imponer una estrategia que le permitiera lograr el éxito con el menor costo de vidas y de materiales posible, algo que en una guerra no se consigue con actitudes piadosas ni con respeto a los derechos humanos.

Eso lo saben muy bien sus detractores y serían más justos si lo juzgaran como lo hacen: con todo el rigor por su actuación como político, pero con respeto y agradecimiento al hombre de armas, por haber llevado a buen término, una gesta que llevó la civilización y trajo la paz a un inmenso territorio de nuestra patria cuyo control le fuera usurpado a sus pobladores ancestrales por violentos invasores.

Porque eso fue lo que pasó. La lucha contra los aborígenes que habitaban al sur de la provincia de Buenos Aires fue una guerra que comenzó con la llegada de los primeros conquistadores en el siglo XVI, que fue adquiriendo cada vez más violencia hasta que llegado el siglo XIX, un vasto territorio de nuestra patria era un infierno de sangre, dolor y miedo dominado por tribus aborígenes que se resistían al avance de la civilización.

En esos años, los ataques a poblados y establecimientos rurales dejaron de ser puntuales y se transformaron en una rutina que comenzó a preocupar seriamente a las autoridades. Fue entonces, cuando el Gobernador de Buenos Aires, el Coronel MARTÍN RODRÍGUEZ, en 1820, luego del ataque perpetrado contra la ciudad de Azul por el cacique YANQUETRUZ, ordenó la ejecución de las primeras acciones armadas en defensa de las vidas y las propiedades de los colonos.

Fue entonces cuando comenzó el aquelarre. El 15 de diciembre de 1820, sale en persecución de YANQUETRUZ la primera partida de hombres armados para combatir a los aborígenes, iniciando esa guerra que recién terminó (teóricamente) el 1º de enero de 1885, cuando el cacique SAYHUEQUE, el más poderoso y temido jefe aborigen de gran prestigio y poder entre los pampas y los araucanos, acorralado por las fuerzas del sargento mayor MIGUEL VIDAL, se entrega en el fuerte “Junín de los Andes”, al jefe del Regimiento 7° de Caballería, teniente coronel NADAL (ver Las Campañas al Desierto),

En esos sesenta y cinco años se realizaron numerosos “parlamentos” y se firmaron varios Tratados de Paz, pero también hubo una gran cantidad de enfrentamientos armados. Ante la firme decisión de las autoridades nacionales de ocupar esas tierras, se opuso el justo rechazo de las comunidades nativas, que con feroz determinación se oponían a ello.

Lejos estuvo entonces de verse solucionado así el problema. Ante la ineficacia de una estrategia con objetivos limitados llevada a cabo con tropas mal capacitadas y mal equipadas, la violencia aumentó y los malones terminaron por sembrar el pánico en un vasto territorio de la patria, que quedaba excluido así de nuestra territorialidad para su colonización

Después de la excursión ordenada por el Coronel RORÍGUEZ, otra excursión partió al desierto para poner freno a “los salvajes”. Iba al mando de JUAN MANUEL DE ROSAS y durante dieciséis meses (28 de enero de 1833 al 25 de mayo de 1834) los combatió. Obtuvo algunos logros, pero no pacificar por completo la región, que invadida ahora por araucanos llegados desde Chile, termina por explotar.

En el año 1850, exacerbados ahora los ánimos de las tribus nativas por los “mapuches” y dominados por éstos los jefes conciliadores, arrecian los malones. No había forma de cruzar esas desoladas tierras sin sufrir el asalto de una partida de salvajes; ningún poblado estaba a salvo de un ataque. Los bravos de los caciques JUAN CATRIEL, JUAN MANUEL CACHUL y CALFUCURÁ llevan la situación a un estado de violencia extrema y tan sin vuelta atrás, que obligan a que el Gobernador de Buenos Aires, el Doctor PASTOR OBLIGADO, ordene a su Ministro de Guerra, el Coronel BARTOLOMÉ MITRE.  “Tomar las medidas necesarias para hacer abortar cualquier movimiento hostil y atacar y destruir en sus mismas tolderías a estas tribus alzadas contra la autoridad”.

Tampoco fue suficiente. El fracaso de la campaña de MITRE instaló un ejemplo de lo que no se debe hacer en situaciones como la planteada. Llegó entonces a la presidencia de la Nación, el doctor NICOLÁS AVELLANEDA quien también se comprometió a “terminar con el problema del indio” y nombró ministro de guerra al Doctor ADOLFO ALSINA, quien de inmediato impulsó una estrategia que incluyó la famosa “zanja de Alsina” y que como los intentos anteriores, también fracasó, sin que su autor viera su fracaso porque falleció imprevistamente el 29 de diciembre de 1877.

Surge entonces la figura del General JULIO ARGENTINO ROCA. Comandante de la frontera sur y sudeste de Córdoba, con asiento en la Villa de la Concepción del Río Cuarto, con jurisdicción en Mendoza y San Luis. Nombrado el 4 de enero de 1878, para cubrir el cargo de ALSINA, el nuevo ministro expresa su oposición a la estrategia adoptada por su antecesor en la lucha territorial que se sostenía en esos días con los aborígenes al sur de la provincia de Buenos Aires.

ROCA sostenía una postura de asimilación forzosa y subordinación militar total. Para él, la presencia indígena era una amenaza directa a la soberanía territorial y un obstáculo para el progreso económico. Su enfoque se centró en la eliminación de las fronteras internas, justificando el uso de la fuerza para incorporar las tierras al control del Estado. Opinaba que para eso, al indio había que atacarlo no con fortines y zanjas, sino con ejércitos móviles. Atacarlo a fondo, eliminarlo y a este respecto decía: “A mi juicio, el mejor sistema para concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o arrojándolos al otro lado del río Negro, es el de la guerra ofensiva que es el mismo seguido por Rosas”. Por eso ALSINA deja de consultarlo y comienza a retirarle la tropa que ROCA tenía a su cargo en Río IV (ver Alsina, Roca y la Campaña al Desierto)

El 14 de agosto de 1878 AVELLANEDA envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación pidiendo los fondos para que ROCA ejecutara su plan de ofensiva directa, diciendo: “Hasta aquí hemos defendido nuestras propiedades urbanas y rurales con líneas de fortines que no han resguardado la vida de los ciudadanos contra las invasiones súbitas. Es necesario ir a buscar al indio en su propio nido para destruirlo o someterlo. La presencia del salvaje en nuestras fronteras es un insulto a nuestra civilización y un obstáculo insuperable para el desarrollo del comercio y de la riqueza nacional”.

La orden de avanzar militarmente se formalizó jurídicamente con la sanción de la Ley 947 en octubre de 1878, una norma que no utilizaba eufemismos; autorizaba explícitamente el uso de la fuerza para desplazar la frontera nativa. Establecía de manera taxativa el traslado de la frontera interior de la República hasta la margen de los ríos Negro y Neuquén. Asignaba la suma de 1.600.000 pesos fuertes para sufragar los gastos de la campaña militar (compra de armas como los modernos fusiles Remington, caballada y logística) y autorizaba la venta previa de las tierras americanas que se iban a conquistar mediante la emisión de bonos públicos, asegurando que el avance militar tuviera el respaldo financiero de la élite terrateniente.

En enero de 1879, antes de que los efectivos asignados a ROCA partieran hacia el sur, el Presidente AVELLANEDA emitió una proclama destacando que la lucha dejaba atrás etapas oscuras para abrir paso al progreso económico y a la ocupación efectiva del desierto y que para ello, era necesario neutralizar de forma total la capacidad de acción de las tribus de la región pampeana y norpatagónica, terminando de raíz con los ataques a poblaciones civiles, el robo de ganado y la destrucción de propiedades.

Y así fue como ROCA quedó habilitado para hacer lo que hizo. Liderando cinco Divisiones del Ejército Nacional, reemplazó la zanja defensiva por una ofensiva relámpago e integral que aniquiló la resistencia indígena. Coincidiendo quizás con alguna que otra opinión, o contraviniendo otras que no aprobaron su proceder, pero jamás mereciendo la calificación de “genocida” por lo que hizo. No vemos en la campaña de ROCA nada que habilite afirmar que buscó la eliminación, la desaparición total de los aborígenes. Fue un soldado que debió establecer la mejor estrategia para ganar una guerra con el menor costo posible de vidas y materiales y se atuvo a sus reglas. Como lo hicieron muchos de los que a través de nuestra Historia, debieron tomar la misma decisión y hoy son próceres reconocidos de nuestro pasado (ver A favor y en contra de Roca).

(1). Según el Diccionario de la Real Academia Española, un “genocida” es la persona, grupo o Estado que perpetra o es responsable de un genocidio, es decir, la destrucción intencional, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Según la Convención de la ONU de 1948 sobre el Genocidio, para que alguien sea considerado legalmente responsable de este crimen, se debe demostrar el “dolus specialis” o intención especial: el propósito deliberado de aniquilar a los miembros de un grupo protegido por lo que son.

Está claro entonces que los mismos cargos y calificación de “genocidas” podrían merecerlos desde el Coronel Martin Rodríguez hasta Nicolás Avellaneda pasando por Juan Ramón Balcarce, Justo José de Urquiza, Rafael Obligado y Domingo Faustino Sarmiento que las ordenaron, legisladores como Nicasio Oroño, Álvaro Barros, Manuel Quintana, Santiago Cortínez e intelectuales como Alberdi y Estanislao Zeballos, que las apoyaron y los jefes militares con mando de tropa que las ejecutaron, como lo fueron José Rondeau, Federico Rauch, Juan Cornell, Ángel Pacheco, José Félix Aldao, José Ruiz Huidobro, Nicolás Levalle, Conrado Villegas, Eduardo Racedo, Napoleón Uriburu, Lorenzo Vintter entre otros más (ver Los Jefes de las Campañas al Desierto)