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EL FRAUDE ELECTORAL EN LA ARGENTINA
El fraude electoral en la República Argentina ha sido un fenómeno con un enorme peso histórico durante el siglo XIX y principios del XX, felizmente ausente a partir de la promulgación de la Ley “Sáenz Peña” en 1912. Sarmiento decía que Mitre…“[…] inventó el fraude electoral en 1852 porque tenía más talento para ganar elecciones que para dirigir batallas (ver Primer fraude electoral).
Para que exista fraude, se requiere un plan sistemático, coordinado y a gran escala capaz de alterar la voluntad popular y modificar el resultado definitivo y así fue durante todos esos años que corren dese mediados del siglo XIX hasta principio del siglo XX, época durante la cual, el sistema electoral argentino se caracterizó por la falta de transparencia y su corruptela (ver Fraude en una elección).
El “voto cantado”
El sistema del «voto cantado» (u oral), establecido por medio de la Ley 140 sancionada en 1857, al no ser secreto, dejaba el acto eleccionario y hasta el resultado del mismo, bajo el control de los grupos de poder locales y los “caudillos políticos”, que disponían para ello, de una serie de mecanismos de difícil control:
La manipulación de los padrones, mediante la inclusión en los mismos de personas fallecidas, la duplicación de identidades o la exclusión selectiva de opositores en el Registro Electoral; la coerción ejercida sobre los votantes, que eran llevados a las mesas por «punteros» o matones políticos en filas organizadas para asegurar que respondieran al oficialismo y que los votaban; La violencia proselitista, aplicada por militantes que se ubicaban en proximidades de las urnas dispuestas (generalmente en el Atrio de las Iglesias) e impedían el acceso a ellas a quienes se sospechaba “opositor”.
Y por si esto no alcanzaba, todavía les quedaba el recurso de alterar las Actas. Una maniobra hábilmente organizada que les permitía acceder y alterar los números que registraban las planillas que se remitían al Congreso para su escrutinio, antes de que éstas llegaran a su destino.
Por esa época era común que los patrones retuvieran los documentos de los empleados para hacer votar con ellos a otras personas y devolverlos a sus legítimos dueños el día siguiente de la elección. Con esos documentos algunas personas llegaban a votar hasta 100 veces (ver Primer fraude electoral en el Río de la Plata).
Entre las pintorescas variedades de “fraude” existía también la que se dio en llamarse la “Operación del disfraz”: Se llevaba a cabo en el salón de billar de una confitería llamada “Santa Lucía” y se dio el caso de que una misma persona saliera de ese local, cinco veces vestida cada vez de distinta forma, para votar en tantas otras veces. La primera iba vestida de ‘High life’, galera, levita, etc. La segunda de “gomeusse” orillero, pamelita sobre la oreja izquierda escondiendo un Rivadavia, saco cruzado, pantalón bombilla, botines de taco alto, pañuelo de seda al pescuezo. La tercera como carrero pobre. La cuarta como changador y para completar tanta ironía y tanta farsa grosera, la quinta y final se presentaban como atorrantes. (El Argentino, 2 de noviembre de 1893, inscripción electoral de la Capital Federal)”.
La Ley Sáenz Peña (10/02/1912)
Y asi fue hasta que el 10 de febrero de 1912, bajo la presidencia de ROQUE SÁENZ PEÑA, se sancionó la Ley N° 8.871, una normativa que estableció el voto secreto, obligatorio y universal (únicamente para varones nativos o naturalizados mayores de 18 años) mediante la utilización del padrón militar, una reforma que desmanteló el control oligárquico directo y permitió la llegada del radicalismo al poder con Hipólito Yrigoyen en 1916. Pero poco duró la bonanza. Luego del golpe de Estado de 1930, el fraude fue reinstaurado sistemáticamente durante el período conocido como la «Década Infame» (1931-1943). Las fuerzas conservadoras justificaban la manipulación de las urnas bajo el concepto de «fraude patriótico», argumentando que era necesario para «salvar a la patria» de las mayorías populares a las que consideraban no aptas para gobernar. El sistema electoral recuperó su limpieza con las elecciones presidenciales de 1946 y hasta la fecha, expertos electorales y la Cámara Nacional Electoral coinciden en que no se ha verificado fraude generalizado en elecciones nacionales (presidenciales o legislativas) realizadas desde entonces (ver Primera elección bajo la Ley Sáenz Peña en la Capital Federal).