Autor: Horacio 27/04/2019 0 Comentarios

El Congreso de las Provincias Unidas considera un petitorio elevado por el Cabildo de Mendoza, donde el Ayuntamiento de la capital de Cuyo, después de destacar “sus generosos y heroicos sacrificios por la causa pública en la formación y sostén del Ejército Libertador de Chile”, solicita  que “para alivio de aquella Provincia y reintegrar de algún modo a sus habitantes las costosas erogaciones que han hecho, o se prohiba absolutamente la importación de vinos y aguardientes extranjeros, o se les dificulte la concurrencia en el mercado con los de aquel territorio, con la aplicación de mayores impuestos”.

Ya entonces, cuando la Nación estaba en pañales, surgía el dilema: proteccionismo o libre competencia. El pedido nacía en circunstancias muy especiales. Durante tres años las provincias cuyanas habían realizado enormes sacrificios para la formación y sostenimiento del Ejército Libertador que habría de cruzar la cordillera para independizar a Chile y al Perú. Como Buenos Aires no podía proveer el dinero necesario, SAN MARTÍN se había visto obligado a tomar medidas extraordinarias para equipar a sus fuerzas. Implantó nuevos impuestos, redujo los sueldos de los empleados y apeló a contribuir voluntarias. Para colmo, el comercio con Chile, uno de los principales ingresos de la región, estaba interrumpido por la guerra. Por lo tanto la solicitud se hacía para aliviar la economía del pueblo cuyano y compensarla de alguna manera por su crítica situación.

Los congresales analizaron  la cuestión y  después de corto debate, resolvieron elevar el petitorio al Director Supremo, Juan Martín de Pueyrredón, para que éste tome conocimiento del asun­to y formule su dictamen.

Las discusiones continuaron en el Congreso el 8 de julio de 1818 y de  inmediato se enfrentaron dos posiciones. El Diputado TOMÁS GODOY CRUZ (imagen), toma la palabra y apoyó el pedido afirmando que «los vinos y aguardientes de la Provincia de Cuyo, a pesar del aumento impuesto a los derechos en los extranjeros, eran perjudicados en la concurrencia de estos últimos, por la superioridad de sus calidades e iInferioridad de sus costos». Manifiesta, además, que  “la protección a la producción era un medio universalmente adoptado por todas las naciones para fomentar la industria nacional y que además daría oportunidad a los vinos del país para refinar su calidad y alcanzar el nivel de los extranjeros”.

Pero el diputado MALABIA se encarga de replicarle, declarando que los vinos y aguardientés cuyanós gozaban ya de una forma de protección por los elevados impuestos que pagaban los vinos que llegaban del exterior, y que solamente la competencia podía ser factor de progreso.  «Cada barril de aguardiente de Cuyo paga sólo tres pesos, y el de extranjería quince; el de vino de Cuyo un peso, el extranjero trece, diferencias que demuestran claramente los esfuerzos que se han hecho para inclinar la balanza de comercio de este articulo en favor de la industria nacional”. MALABIA, a continuación, manifiesta que «lejos de que la prohibición solicitada de caldos extranjeros,  fuese capaz de contribuir a que se retinase la calidad de los nacionales, y a ponerlos en el mismo paralelo, este efecto debe únicamente espe­rarse de la concurrencia de aquéllos,  pues la seguridad de venderse un articulo bue­no o malo, como sucedería en el primer caso, jamás puede estimular a trabajar en su mejora;  al contrario, la concurrencia es la única que promueve la emulación de los fabricantes, emulación que en todos tiempos, y en todas las naciones, ha sido la causa motriz del gusto y de los progresos de la industria».

Finalmente la tesis antiproteccionista triunfó y el Congreso en la sesión del 12 de junio, decidió no dar a la industria vitivinícola de Cuyo,  el apoyo que ésta solicitaba y así fue registrado en las Actas: “Teniendo presente los fundamentos de la Comisión y de los Sres. Diputados que opinaron con ella, como asimismo el considerable déficit que ocasionaría la abolición de dichos derechos en circunstancias tan apuradas, se resolvió no hacer lugar por ahora a la solicitud de los Cabildos reclamantes”..

En diciembre de 1818, más de 20 apoderados v consignatarios de los pueblos de Sari Juan y Mendoza, radicados en Buenos Aires, con el apoyo del diputado TOMÁS GODOY CRUZ, gestionaron ante el gobierno nacional  la adopción de medidas proteccionistas. Confirmaron lo expuesto en mayo del año anterior, asegurando que como lo habían advertido, los alcoholes extranjeros estaban desalojando del mercado local a los vinos cuyanos y protestan contra el comercio libre y las teorías liberales que pueden ser aplicables en países desarrollados pero inconvenientes para los que se hallan en vías de lograrlo. Culpan a los extranjeros de llenarnos la cabeza con teorías exóticas e invocan el ejemplo de las damas norteamericanas que sólo utilizan telas de su país y desprecian a aquellas que visten géneros importados. Los apoderados solicitaron la prohibición total de introducir artículos que el país produce. Este pedido que ya no había sido escuchado por las autoridades ante una presentación anterior, es nuevamente llevado por el diputado TOMÁS GODOY CRUZ ante el Director Supremo PUEYRREDÓN, quien decide consultar al Consulado y a la Comisión de Arbitrios, la conveniencia de aplicar la medida solicitada.

Ambos organismos respondieron negativamente y la Comisión de Arbitrios, tuvo la escasa gentileza de mencionar la “baja calidad de los vinos cuyanos y hacer votos por el futuro mejoramiento del producto”. Incluso sugirió la conveniencia de llamar a enólogos europeos para perfeccionar la industria. Ni siquiera el Congreso apoyó a los proteccionistas a pesar de la hábil defensa del diputado GODOY CRUZ a favor de las prohibiciones (ver Los vinos de Cuyo).