Autor: Horacio 14/01/2018 0 Comentarios

Desde la iniciación de su gobierno,  NICOLÁS AVELLANEDA se preo­cupó de dotar al país de un instrumento legal que lo facultara para realizar una política agraria acorde con las necesidades del país.

Surgió así la ley básica sobre inmigración y colonización, del 19 de octubre de 1878, con la que se abarcaba en una sola norma legal, los dos términos inseparables del problema.

La citada Ley, modelo de sabiduría en el papel, pero finalmente impracticable, fue redactada bajo la supervisión del propio Presidente, quien había escrito su tesis de abogado sobre el tema de la tierra pública.

Dicha Ley creaba un Departamento General de Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior, cuyo Jefe tenía el título de “Comisario General de Inmigración” y debía encargarse del fomento, protección y propaganda de la inmigración. Por primera vez se definía al inmigrante y se establecía su “status” jurídico.

Por la segunda parte de la Ley se creaba la “Oficina de Tierras y Colonias”, también dependiente del Ministerio dei Interior, y se disponía la exploración y subdivisión de las tierras pertenecientes a los territorios nacionales, con la mensura y subdivisión de las tierras aptas para colonizar. Las tierras nacionales serian divididas en sectores ds 40.000 hectáreas cada uno, los que tendrían la forma de un cuadrado da 20 km de lado, divididos en lotes de 100 hectáreas cada uno.

En cada sección se reservaban tres lotes para las municipalidades, destinadas a formar un pueblo. En cuanto a las familias colonizadoras, el gobierno se comprometía a adelantar lo necesario hasta que los colonos pudiesen producir su sustento. Los 100 primeros lotes de cada sección, se distribuirían gratuitamente entre los inmigrantes y con vistas a intensificar la colonización, se buscó que las provincias cediesen tierras al gobierno nacional.

Determinadas cláusulas de esta llamada “Ley Avellaneda” les permitían a empresas colonizadoras particulares a participar en este proyecto, autorizándolas a elegir, deslindar, subdividir y colonizar las tierras por su propia cuenta y esto fue aprovechado por los especuladores ya que durante los 25 años de vigencia de la Ley, sólo 14 de las 225 empresas que recibieron concesiones de tierras para colonizar, cumplieron con la obligación de hacerlo en tiempo y forma.

Desde 1875 hasta  1880 entraron en el país 249.110 inmigrantes y salieron 98.806 durante el mismo período. La mayor parta de los extranjeros eran italianos y españoles. En ese mismo período, el gobierno invirtió 998.6S7.09 pesos fuertes en gastos de colonización.

También por medio de otra Ley, la Ley promulgada el 5 de octubre de 1878, que establecía el avance de la línea de frontera hasta el río Negro, se fomentó la colonización. Con este avance debía efectuarse la mensura e identificación de las tierras en el “Registro Gráfico de las Tierras de Fronteras”, y dividirse éstas en lotes numerados de 10.000 hectáreas cada uno.

Para su adjudicación se emitieren títulos de 400 pesos cada uno, que daban opción a una legua de terreno. Hasta el 31 de diciembre de 1880, se habían enajenado 3.471 títulos a 511 suscriptores,  con una recaudación de 1.357.884 pesos, poniendo así en evidencia, que la generosa legislación de AVELLANEDA, sólo había servido para ser aprovechada por latifundistas y especuladores.

“Los verdaderos protagonistas de la recuperación del desierto: los soldados. no pudieron sacar provecho de su esfuerzo, porque vendieron a vil precio los premios en tierras que les correspondieron. «¡Pobres y buenos milicos! —comentó en cierta oportunidad el comandante Manuel Prado—. «habían conquistado 20.000 leguas de territorio y más tarde, cuando esa riqueza enorme pasaba a manos de los especuladores que la adquirieron sin esfuerzo ni trabajo, muchos de ellos no hallaron un rincón donde exhalar el último , suspiro».

Al ver despilfarrada la tierra pública, marchanteada (sic) en concesiones fabulosas de 30 o más leguas, daban ganas de maldecir la conquista, lamentando que todo aquel desierto no se hallase en manos de Peuque o de Sayhueque».

En 1878 JOSÉ HERNÁNDEZ, en carta a un amigo suyo, el colonizador C. A. SANDRI DEL VASCO, señaló las fallas de la política iniciada a partir de la “Ley Avellaneda”, especialmente en el hecho de que el gobierno quedaba comprometido por Ley a dar lo que no tenía: es decir tierras aptas.

Vastas comarcas permanecían sin que se conociesen sus dueños. «Porque no tenemos todavía la Ley de limites —escribía HERNÁNDEZ—, y no se sabe a quién pertenecen. “Es por esto, estimado amigo, es que he dicho que la colonización no tiene todavía basa en la República. Y mientras esa Ley no se dicte,  marcharemos como hasta aquÍ; sin plan, sin sistema y sin brújula”.