PELLEGRINI Y LA OPOSICIÓN RADICAL

El gobierno del Doctor CARLOS  PELLEGRINI (1890-1892) tuvo en el radicalismo a la principal fuerza opositora. Durante su gobierno se vio forzado a tomar drásticas medidas ante levantamientos estimulados por la Unión Cívica en varias provincias y hasta tuvo que decretar la intervención a la provincia de Mendoza el 25 de enero de 1891.

En Córdoba. Corre la segunda quincena de mayo de 1891 y gobierna la provincia de Córdoba un roquista, el doctor EUGENIO GARZÓN, quien debe enfrentar la oposición de la Unión Cívica, entregada desde meses antes a trabajos conspirativos. Los cívicos cuentan para su revuelta con unos 350 hombres armados, y planean tomar los cuarteles y la Jefatura de Policía. Para llegar a esta última,  han cavado un largo túnel con la dirección de un ingeniero militar belga. Pero una delación permite que GARZÓN haga abortar la revolución a tiempo.  Efectivos del 10º de Línea atacan a los cívicos y los dominan después de cruenta lucha, dejando un saldo de  23 muertos, 171 heridos y unos 300 prisioneros.

Al conocer el movimiento de Córdoba el Presidente de la República, Doctor CARLOS PELLEGRINI,  dispone el envío de fuerzas a dicha provincia, lo que da lugar a voces de protesta en el Congreso y a la presentación ante éste del nuevo ministro del Interior, doctor JOSÉ V. ZAPATA, quien el 27 de mayo anuncia que  se revocará la orden y que no será necesario intervenir militarmente en aquella provincia. De todos modos la conspiración de Córdoba sirve a PELLEGRINI para denunciar «siniestros planes» de la oposición y movimientos armados en todo el país.

En Catamarca. En la madrugada del 23 de junio de 1891, “los cívicos”  de Catamarca justifican en alguna medida la denuncia del presidente, cuando, mediante un piquete policial amotinado (en realidad, porque se les debían los sueldos de varios meses), liberan a los presos políticos y detienen a algunos funcionarios de la gobernación. Los revolucionarios logran apoderarse del Cabildo y deponer al gobernador GUSTAVO FERRARY, y luego constituyen un Triunvirato con la presidencia del doctor GUILLERMO LEGUIZAMÓN.

Los argumentos de los revolucionarios tienen mucho que ver con la falta de libertad y transparencia electoral: la elección del gobernador no se había efectuado mediante el nuevo padrón nacional; en el Colegio Electoral actuante había una tercera parte de empleados públicos, y se alegaba que FERRARY carecía de residencia, ya que había estado ausente de Catamarca más de veinte años y por ello no estaba habilitado constitucionalmente para ejercer el cargo.

FERRARY ante esta situación, solicita la intervención nacional por telegrama y el 25 de junio el Presidente PELLEGRINI  hace llegar al Senado, por intermedio de su ministro ZAPATA, un nuevo proyecto de ley, disponiendo esta vez la implantación del estado de sitio y ordena a los sediciosos, “reponer las autoridades constituidas depuestas por la sedición”. A pesar de la oposición que se manifiesta en las Cámaras, la intervención resulta aprobada, no sin antes escucharse la palabra del diputado VÍCTOR M. MOLINA, quien, contestando al oficialismo, señala: «Este fue nuestro error como juaristas y este error costó la caída al primer magistrado, confesémoslo francamente: atendiendo al progreso material, ofuscados con los kilómetros de ferrocarriles que cada día se tendían en el territorio de la República, olvidábamos que los pueblos clamaban por sus libertades, como siguen clamando hoy mismo por ellas, y hasta ahora les hemos dado acuerdos, pactos, pero no les hemos dado libertad».

PELLEGRINI promulga la Ley instalando el de estado de sitio y la intervención en la provincia de Catamarca el 26 de junio de 1891 y designa comisionado al general AMARO L. ARIAS, quien marcha con una división de las tres armas hacia esa provincia. La rebelión de los “cívicos” catamarqueños terminará  cuando BERNARDO DE IRIGOYEN pide a sus correligionarios, atrincherados y en combate, que depongan las armas. ARIAS detiene a los caudillos de la rebelión, ocupa la capital catamarqueña y repone en su cargo a FERRARY.

En Santiago del Estero. El mismo día del estallido de Catamarca,  se produce un motín en Santiago del Estero. Un piquete policial sublevado pone preso al gobernador MÁXIMIO RUIZ, lo obliga a renunciar y logra que la Legislatura acepte tal dimisión. El vicegobernador, a cargo del gobierno, tiene una conferencia telegráfica con: PELLEGRINI y le pide que le envíe fuerzas para garantizar el orden.  Las tropas que se envían llegan a la capital de la provincia y el 24 de junio, sin combatir, los rebeldes deponen su actitud. RUÍZ retorna al gobierno y la Legislatura anula su sesión última, en que había aceptado la renuncia de aquel

Se alza la voz de la Unión Cívica Radical (ver La Unión Cívica Radical). Llegado ya el año 1892, los hombres de la flamante Unión Cívica Radical (ver Unión Cívica Radical), convertidos en paladines de la libertad electoral, señalaron en todo momento, desde el Parlamento y el periodismo, las contradicciones del presidente PELLEGRINI entre la teoría y la práctica política. En julio de 1892, comentando el mensaje de PELLEGRINI a las Cámaras en que se había referido a la mayor libertad electoral vigente durante su gobierno, JOSÉ BIANCO publicó en el periódico»El Argentino» un extenso artículo titulado «Dos años en el poder. Pellegrini y su política». De él extraemos el siguiente fragmento: «Los fusilamientos del Rosario, Córdoba y Tucumán, las masacres de Corrientes, las tropelías de San Luis, emplazan al presidente ante el tribunal de la opinión para que, cuando llegue la hora de la justicia, responda de aquellos actos, cuyos iguales es necesario buscarlos en épocas de barbarie que la civilización rechaza.

El fusilamiento del Rosario (1890), hecho al grito de ‘Viva Roca’, ha quedado impune, sin que se haya levantado aún un sumario para esclarecer quién había ordenado a las fuerzas armadas que hicieran fuego sobre un pueblo indefenso que iba, en cumplimiento de deberás cívicos, a ins­cribirse en el registro electoral. Igual cosa ha sucedido en Córdoba y en Tucumán, donde sol­dados de linea, mandados por oficiales del ejér­cito, sacrificaron con premeditación y alevosía, hiriendo por la espalda, a ciudadanos pacíficos que iban a muñirse de la boleta que habilita para ejercitar con lealtad y honradez los dere­chos políticos.

Las barbaries de Corrientes que han arrasado poblaciones enteras, obligando a sus habitantes a huir a los bosques, comprobadas por la autorizada palabra del doctor JUAN F. TORRENT, han merecido los plácemes del gobierno nacional, ensoberbeciendo a RUÍZ, digno émulo de Andresito. Las tropelías de San Luis, los asesinatos del joven ROSAS en Mendoza, cuya sangre mancha el diploma del Senador CIVIT, y de ELIZONDO en San Juan: en una palabra, los actos de fuerza en todas las provincias, han quedado y quedan a salvo de la justicia, cobijados por las alas protectoras del poder de la nación. Y esta Capital, que es testigo de la acción directa del Poder Ejecutivo, apunta en el catálogo de sus agravios, los hechos sangrientos de las parro­quias de la Piedad y Santa Lucia y el asalto nocturno al Comité de la Unión Cívica Radical ejecutado por orden confidencial del presidente».


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