LIGA UNITARIA, o Liga del interior (31/08/1830)

El 6 de diciembre de 1829 Juan Manuel de Rosas con la mayoría de votos de la Asamblea a favor (32 positivos contra uno en contra), había sido elegido Gobernador de la provincia de Buenos Aires, concediéndosele “las facultades extraordinarias que juzgue necesarias”. Pasado un año de su gobierno, ya en 1830, el general José María Paz, a la sazón Gobernador de la provincia de Córdoba, con su prestigio acrecentado entre los “unitarios”, por sus victorias ante Facundo Quiroga en el combate de “La Tablada” primero y luego en “Oncativo”, y que había mantenido una prudente actitud frente a las políticas desplegadas por Rosas, dispuso formar una coalición de provincias del interior para enfrentarlo y a tal efecto envió una serie de expediciones militares para deponer a los gobernadores federales.

Las provincias de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San Luís y San Juan adhirieron al llamado de Paz y suscribieron una alianza defensiva y ofensiva que se llamó “Liga Unitaria (conocida también como “Liga del Interior”), cuyos protocolos fueron firmados en la ciudad de Córdoba el 31 de agosto de 1830. Las nueve provincias citadas expresaron sus deseos de organizarse políticamente “bajo el sistema constitucional que adoptase la mayoría de las provincias reunidas en Congreso”, a fin de terminar con las luchas internas que a todos afectaba y dispusieron la creación de un “Supremo Poder Militar” provisorio, designando en ese alto cargo al general Paz.

El “Supremo Poder Militar” permanecería ocho meses en funciones y cumplido ese término, debía reunir un Congreso de carácter nacional. Debía además defender la integridad de las provincias firmantes del Tratado y mantener el orden interno en cada una de ellas. Podía, para el cumplimiento de sus funciones, disponer de los fondos monetarios de una Caja Militar, para cuya formación, las provincias debían aportar con la cuarta parte de sus respectivas rentas ordinarias, debiéndose destinar estos fondos a la formación de tropas, otorgar grados militares y abastecerlos de armas, municiones y demás pertrechos. Finalizados los trámites administrativos, de inmediato se enviaron comunicaciones a los gobiernos del Litoral para que adhirieran al convenio y mandasen diputados a Córdoba, pero la invitación fue considerada como una amenaza para los gobiernos litoraleños, por cuanto estos gobiernos federales no habían sido consultados para la convocatoria ni tampoco deseaban someterse a “la suprema autoridad de un general unitario”.

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