EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE TUCUMÁN (02/02/1816)

El más correctamente llamado Congreso Constituyente de Tucumán (1816-1820), declaró la Independencia de la Argentina; apoyó al gobierno nacional encabezado por el Director Supremo durante cuatro años con una grave amenaza de reconquista realista y de anarquía interna y en 1819, redactó la primera Constitución Nacional. No obstante esto, su verdadera importancia ha sido tema de controversia entre los historiadores argentinos en cuanto a su representatividad y logros.

En abril de 1815 la Junta de Observación redactó el “Estatuto Provisional de 1815 con el objeto de limitar las atribuciones del Ejecutivo, pero también dispuso por este medio, convocar a los Diputados por Buenos Aires y el interior, con el propósito de reunir un Congreso General  en la ciudad de Tucumán con el propósito de definir la forma de gobierno que se adoptaría, entre otros temas de igual interés.

El 22 de agosto de 1815, elegidos por la Junta Electoral, los diputados que representarían a la provincia de Buenos Aires, éstos recibieron instrucciones para dictar una Constitución en la que figurasen separados los tres Poderes, asegurase al pueblo el ejercicio de la soberanía y que el Ejecutivo recayera en una sola persona, instrucciones éstas que nada decían acerca del delicado problema de la forma de gobierno que se debería adoptar.

De acuerdo con la Convocatoria enviada por Buenos Aires a las provincias del interior, éstas también efectuaron la elección de sus Diputados, aunque no lo hicieron las dominadas por Artigas, es decir la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, mientras que Paraguay, mantuvo su tradicional aislamiento y tampoco lo hizo..

Llegado el año 1816, ÁLVAREZ THOMAS había demostrado que no tenía condiciones para desempeñar eficazmente el cargo de Director Supremo, más si se tenían en cuenta las difíciles circunstancias durante las que le tocó actuar. Entre otras medidas conflictivas que había tomado, se destaca la cruel persecución que dispuso para todos los partidarios del depuesto Alvear. Decretó prisiones, vejámenes y destierros. No respetó ni siquiera al muy digno ex Director Supremo GERVASIO ANTONIO DE POSADAS a quien hasta hizo engrillar antes de ponerlo preso. Expatrió a NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, a HIPÓLITO VIEYTES, a ÁLVAREZ JONTE y a otros muchos más. Las listas de proscriptos aparecían diariamente y hasta ARTIGAS repudió el envío de sus enemigos BALBASTRO, DÍAZ FERNÁNDEZ y otros que ÁLVAREZ THOMAS le había entregado para congraciarse con el caudillo oriental.

Estos excesos produjeron las lógicas reacciones, llegando el Cabildo a intentar su deposición, sin lograrlo. Acosado entonces por estas circunstancias que afectaban la gobernabilidad del Directorio, el 2 de febrero de 1816, el Cabildo decidió reunir con urgencia el Congreso General convocado por la Junta de Observación en abril de ese año, y que para desalentar suspicacias acerca de un intento de imponer nuevamente un supuesto predominio de Buenos Aires sobre las demás provincias, debería reunirse en Tucumán.

A comienzos de 1816 y en vísperas de reunirse el Congreso de Tucumán, graves peligros amenazaban a la Revolución de los países hispanoamericanos. En el orden externo, la restauración del monarca Fernando VII y sus procedimientos absolutistas y la persecución de los liberales, indicaban claramente a los gobiernos de América hispana que debían  reanudar con mayor empeño sus luchas por la emancipación. Las armas de la corona española vencían desde Méjico hasta el Cabo de Hornos.  El sacerdote Morelos —patriota mejicano— había caído fusilado por sus enemigos, mientras la tan anunciada expedición de Morillo, que amenazaba en principio el Río de la Plata, doblegaba a los patriotas de Venezuela y Colombia, y en esta forma sofocaban la insurrección en el Norte de la América del Sur. En Chile, la situación no era mejor, por cuanto después de Rancagua, los realistas dominaban ese territorio con un poderoso ejército al mando de Osorio.

En esas circunstancias, la Revolución argentina era la única que mantenía en alto el estandarte de la rebelión, aunque perdido el Norte del territorio, después de las batallas de Huaqui, Vilcapugio y Ayohuma, y amenazada por el enemigo después de la derrota de Sipe-Sipe. Para colmo de males, el tradicional peligro portugués se  hizo presente una vez más en ese año de 1816 —llamado “de prueba” — y en el mes de agosto, los ejércitos lusitanos invadieron la Banda Oriental. En el orden interno, el mayor problema lo representaba la falta de unidad del país. Artigas había formado una liga de provincias federales que incluía no sólo a la Banda Oriental, sino que también ejercía su dominio sobre las provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, todas las cuales negaron obediencia al Director Supremo y al Congreso que las debía reunir para definir la forma de gobierno que se elegiría, mientras que Córdoba se mostraba recelosa de los planes urdidos por Buenos Aires. Además, en Salta se había producido un serio incidente entre Güemes y Rondeau, que pudo ser solucionado, solamente después de vivirse inquietantes circunstancias y en Buenos Aires, las cosas no estaban mejor: la agitación federal estimulada por Artigas, había encontrado impensado apoyo entre destacadas figuras del gobierno porteño, como se verá en mayo de 1816, cuando intentaron impedir el arribo a la ciudad del nuevo Director Supremo, que se había nombrado pocos días antes (3 de mayo de 1816).

No obstante todas estas dificultades, la primera sesión del Congreso reunido en Tucumán, se llevó a cabo el 24 de marzo de 1816 y  con el tiempo, todas las provincias de la actual Argentina estuvieron representadas, con la excepción de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Córdoba dudó en principio, pero finalmente envió delegados; también se encontraban representadas cuatro provincias del actual territorio de Bolivia (que por entonces formaba parte de las Provincias Unidas). La mayoría de los treinta y tantos miembros pertenecían al clero o eran abogados, aunque también había hacendados y comerciantes y esta es la lista completa de los que fueron acreditados para participar de esta magna Asamblea: Pedro MEDRANO, J. J. PASO, Antonio SÁENZ. José DARREGUEIRA y Cayetano José RODRÍGUEZ, por Buenos Aires: Pedro Miguel ARÁOZ y José Ignacio de THAMES, por Tucumán; M. de PUEYRREDÓN por San Luis; Manuel Antonio ACEVEDO y José Eusebio COLOMBRES, por Catamarca; Ignacio de CASTRO BARROS, por La Rioja; Tomás GODOY RUZ y Juan Agustín MAZA, por Mendoza; Francisco Narciso de LAPRIDA y Justo Santa María de ORO, por San Juan; José Mariano SERRANO y José Severo Feliciano MALABIA, por Charcas; José Andrés PACHECO DE MELO, por Potosí; Eduardo PÉREZ BULNES y Jerónimo SALGUERO de CABRERA y CABRERA, por Córdoba; Pedro Ignacio de RIVERA, por Mizque.

Al amanecer del 24 de marzo de 1816, una salva de veintiún cañonazos anunció a los ciudadanos tucumanos el comienzo de este gran  acontecimiento que se iba a llevar a cabo ese día. A las nueve de la mañana desde la Casa Congresal de la ciudad de Tucumán, los diputados que integraban el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata se dirigieron en corporación al Templo de San Francisco, donde se cantó una misa solemne. Terminada la ceremonia religiosa regresaron los diputados al lugar designado como Casa de Congreso (que era la casa de Carmen Bazán y Laguna de Zavalía, remodelada para que sirviera como tal). Ingresados al recinto donde se desarrollarían las sesiones, de inmediato se eligió Presidente provisional para las primeras deliberaciones, al doctor PEDRO MEDRANO, quien, después de prestar juramento ante el más anciano de los diputados presentes, lo recibió de los restantes, que se obligaron a “conservar y defender la religión católica apostólica y romana, promover todos los medios de conservar íntegro el territorio de las Provincias Unidas contra toda invasión enemiga y desempeñar los demás cargos anexos a su alto empleo”. Y así, luego de nombrar a los diputados JUAN JOSE PASO y JOSÉ MARIANO SERRANO para que se desempeñen como Secretarios del Congreso, se dio por concluída esta primera sesión.

Al día siguiente, 25 de marzo de 1816, se realizó la proclamación oficial del Congreso, ante el regocijo general de un pueblo que había depositado en él, sus esperanzas de independencia. El Congreso de Tucumán, durante los cuatro años que duró su gestión, debió afrontar difíciles situaciones, tanto externas como internas: los españoles dominaban el Alto Perú y Chile; el Ejército del Norte se encontraba en anarquía; Artigas (de Uruguay) dominaba un cuarto de la Nación (provincias del litoral y vecinas); el mismo Ejército de Observación se sublevó liderado por Díaz Vélez; España estaba organizando nuevas expediciones para reconquistar sus colonias americanas, siendo apoyada por una Europa que favorecía la legitimidad dinástica y que se oponía a los movimientos republicanos y revolucionarios; aun Gran Bretaña, vinculada a España, no podía ofrecer gran ayuda. Pero fue así, que a pesar de todo,  con coraje, sinceridad, buena voluntad y un sentido de visión nacional, el Congreso de Tucumán debatió y luego sancionó aquellas medidas requeridas: Se nombró a JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN, un héroe de las invasiones inglesas, para que de inmediato asumiera como nuevo Director Supremo y se dispuso a llevar a cabo sus normales funciones legislativas y constitucionales.

Como consecuencia de la creciente presión realista a lo largo de la frontera de Salta y Jujuy, el Congreso debió trasladarse a Buenos Aires y el 17 de enero de 1817, realizó su última sesión en Tucumán, reiniciando luego sus actividades el 19 de abril, pero ya en Buenos Aires. Instalado en esta ciudad, con la presencia de los dos tercios de sus miembros y para no demorar por más tiempo el comienzo de las deliberaciones, los asambleístas se abocaron al tratamiento de un tema, que aunque no estaba incluído en la convocatoria, era uno de los temas fundamentales  que más preocupaba a todos en esos momentos y que se refería a la forma de gobierno que se adoptaría. Los debates fueron intensos y ásperos y Joaquín B. González los recuerda así:

“… en la sesión del 15 de julio, y mientras se discutía la base quinta de las deliberaciones del Congreso, — sobre  la forma de gobierno más adaptable al estado del país y  más conveniente para hacer prosperar las Provincias Unidas, — cuando tomó la palabra el diputado Santa María de Oro, exponiendo que “para proceder a declarar-la forma de gobierno, era preciso consultar previamente a los pueblos”… y que en caso de procederse, sin aquel requisito, a adoptar el sistema monárquico (como lo habían propuesto otros diputados), a que veía inclinados los votos de los representantes, se le permitiese retirarse del Congreso, declarando ante quien debía verificar la renuncia de su empleo”. “Se le contestó detenidamente por algunos señores diputados y no cediendo a sus convencimientos, terminó la sesión. Por eso, cuando se dice, que a fray Justo de Santa María de Oro se le debe el establecimiento de la República (en vez de la monarquía), se expresa una irrefutable verdad histórica.”

Después de considerar distintas formas de gobierno que se deberían adoptar, el 3 de diciembre de 1817 se aprobaron las reglamentaciones provisionales con las cuales se gobernaría hasta que la Constitución fuera redactada. En febrero de 1818 se oficializó el emblema del sol como parte de la bandera nacional celeste y blanca. El 17 de mayo de 1819 se convocó a una sesión especial para honrar públicamente a SAN MARTÍN por su victoria en Maipú, provocando así la derrota definitiva de las fuerzas españolas en Chile. El 25 de mayo de 1819 se proclamó la primera Constitución para la República. El 9 de junio se aceptó la renuncia de Pueyrredón como Director Supremo y se nombró a JOSÉ RONDEAU para sucederlo en el cargo. Pero no dejaron de aparecer problemas que entorpecieron su gestión: las violentas protestas por parte de las provincias litorales (nunca representadas en el Congreso) condujeron a la batalla de Cepeda. El 1o de febrero de 1820, las fuerzas aliadas bajo el mando de los caudillos FRANCISCO RAMÍREZ Y ESTANISLAO LÓPEZ derrotaron al ejército nacional comandado por JOSÉ RONDEAU, El Congreso se disolvió el 11 de febrero y el país quedó a merced de la anarquía y al borde de la guerra civil.

Los historiadores modernos argentinos tienden a evaluar al Congreso de Tucumán en mejor forma que sus anteriores colegas, quienes consideraban a sus miembros como mediocres, dado que sólo algunos de ellos protagonizaron un papel nacional importante durante las siguientes turbulentas décadas, pero a pesar de esto, hay muchos que opinan que a diferencia de anteriores Asambleas, el Congreso de Tucumán tuvo los siguientes aciertos: a). en el orden constituyente, porque redactó el Reglamento de 1817 y la Constitución de 1819 (aunque esta centralista y aristocrática Constitución sirvió como pretexto —si no la causa— para las guerras civiles que se produjeron con posterioridad); b). en el orden ejecutivo, por cuanto dio instrucciones y dictó normas de gobierno al Director Supremo; c). en el orden legislativo, porque, dictó diversas Leyes (aunque muy pocas de real importancia) y en lo referente a la legislación patriótica esencial, este Congreso aprobó solamente aquellas leyes que eran necesarias y practicables en esa situación, porque gran parte de ésta ya había sido aprobada por los anteriores gobiernos revolucionarios, especialmente por la Asamblea del Año XIII y d). en el orden judicial, porque se ocupó de rever sentencias.

No obstante y sin dejar de reconocer los errores que cometieron, estos hombres combinaron sus talentos intelectuales con la sabiduría política, y representaron a sus provincias de tal manera que JOAQUÍN V. GONZÁLEZ lo ha llamado “el Congreso más nacional, más argentino y más representativo que la Nación ha tenido”. La extraordinaria contribución del Congreso de Tucumán recae en el hecho de que resguardó la revolución y tuvo la gloria de consumar la independencia.  (Véase “Historia del Congreso de Tucumán”, de Leoncio Gianello, editado por la Academia Nacional de Historia, en Buenos Aires en  1966).

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